Guanajuato- En un paso sin precedentes que busca poner fin a la impunidad en las carreteras, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un acuerdo histórico que promete transformar la seguridad vial y la recaudación fiscal en el país.
Se trata del Convenio de Colaboración Administrativa y Coordinación en Materia Fiscal y de Asistencia Mutua Interestatal, un instrumento pionero que ya está en marcha y que permitirá sancionar a conductores sin importar en qué estado tengan registradas sus placas. Con ello, se busca cerrar una de las grietas más explotadas por automovilistas: la evasión de multas al cruzar fronteras estatales.
A partir de ahora, un vehículo con placas de Guanajuato que cometa una infracción en Jalisco podrá ser sancionado y notificado en su estado de origen, y viceversa. La medida introduce un principio clave: la ley se cumple, sin importar el territorio.
Durante la firma, el secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, destacó que este acuerdo es resultado de un trabajo técnico profundo y de la confianza entre ambas administraciones. “Los acuerdos sólidos se construyen sobre intercambio de información y voluntad política compartida”, afirmó.
El convenio no solo impacta en la aplicación de sanciones. También contempla el intercambio de datos mediante plataformas digitales, fortaleciendo el padrón vehicular, mejorando la identificación de infractores y elevando la eficiencia en el cobro de adeudos. En términos prácticos, esto se traduce en más orden, mayor recaudación y una cultura de legalidad más firme.
El trasfondo de esta medida revela una problemática extendida: la proliferación de “coyotes” que venden placas foráneas para evitar sanciones. Este mercado irregular, que opera principalmente en redes sociales, ha permitido a miles de conductores esquivar multas, especialmente aquellas captadas por sistemas automatizados como fotomultas.
Los costos de estas prácticas oscilan entre los tres mil y siete mil pesos, dependiendo de la entidad, y han tenido un impacto directo tanto en las finanzas públicas como en la seguridad vial. Autoridades advierten que algunos conductores utilizan estas placas incluso para evadir sanciones por exceso de velocidad, incrementando el riesgo en las carreteras.
Con el respaldo técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unión Europea en México y la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales, el acuerdo se perfila como un modelo replicable a nivel nacional. Su implementación podría marcar el inicio de una nueva etapa en la coordinación entre estados.
Hoy, la firma de este convenio no solo representa un avance administrativo: es un mensaje claro para quienes han encontrado en la evasión una forma de circular sin consecuencias. La carretera, finalmente, comienza a tener memoria.
