Guanajuato- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato realizó una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma al Código Civil estatal y la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato, así como modificaciones a diversas leyes relacionadas con movilidad, contrataciones públicas y derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, presentada por la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, privilegiando el interés superior de la niñez y estableciendo medidas que permitan inhibir la evasión de responsabilidades por parte de quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias.
Durante la reunión se destacó la viabilidad de crear una legislación específica para regular el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como establecer procedimientos claros para la inclusión y exclusión de personas en dicho padrón, garantizando en todo momento el derecho de audiencia y la posibilidad de cancelar el registro una vez cumplidas las obligaciones correspondientes.
Entre los aspectos analizados se planteó la posibilidad de que el Registro Civil sea la instancia encargada de administrar este padrón, con el argumento de que ello permitiría una mayor eficiencia y coordinación entre las autoridades involucradas.
Sin embargo, también se expusieron observaciones respecto a algunos elementos de la iniciativa. Participantes señalaron que varios de los aspectos propuestos ya se encuentran regulados en disposiciones vigentes, por lo que sería necesario realizar un análisis detallado para evitar duplicidades normativas y garantizar la compatibilidad con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Asimismo, se discutieron las posibles restricciones para las personas inscritas en el registro, entre ellas la obtención de licencias de conducir o la participación en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos. Sobre este punto, se advirtió que limitar determinadas actividades podría afectar las oportunidades laborales de los deudores y, en consecuencia, dificultar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
La diputada Susana Bermúdez Cano señaló que en anteriores esfuerzos legislativos se ha establecido la necesidad de evitar restricciones que vulneren derechos fundamentales, además de señalar la importancia de contar con estudios de impacto presupuestal que permitan evaluar la viabilidad de las propuestas.
Por su parte, Sandra Alicia Pedroza Orozco defendió la iniciativa al señalar que la información utilizada proviene de autoridades competentes y recordó que actualmente existen 17 entidades federativas que cuentan con registros de deudores alimentarios, la mayoría de ellos administrados por los registros civiles.
Al concluir la mesa de trabajo, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor agradeció las aportaciones realizadas por legisladores y participantes, destacando que los comentarios contribuirán al proceso de análisis y dictaminación de la iniciativa.
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