Guanajuato– El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Guanajuato con el propósito de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, ampliar las conductas tipificadas como delitos por hechos de corrupción y endurecer las sanciones contra servidores públicos que favorezcan a integrantes de asociaciones delictivas u organizaciones criminales.
Al presentar la propuesta ante el Congreso local, el diputado Alejandro Arias Ávila señaló que la corrupción y la infiltración de grupos criminales en las instituciones públicas representan uno de los principales desafíos para el Estado, por lo que consideró necesario actualizar el marco jurídico para enfrentar nuevas formas de colusión entre funcionarios y la delincuencia.
El legislador explicó que la iniciativa pretende cerrar vacíos legales que actualmente permiten que ciertas conductas realizadas desde el servicio público, aunque aparenten legalidad administrativa, generen beneficios directos o indirectos a personas vinculadas con actividades ilícitas sin que existan mecanismos penales suficientemente eficaces para sancionarlas.
Entre los principales objetivos de la propuesta se encuentra el fortalecimiento de los tipos penales relacionados con hechos de corrupción, particularmente en delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Asimismo, se plantea ampliar los supuestos de responsabilidad penal cuando las acciones de los servidores públicos tengan como propósito beneficiar a personas relacionadas con asociaciones delictivas u organizaciones criminales. En los casos considerados de mayor gravedad, la iniciativa contempla la inhabilitación permanente para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.
La propuesta también busca incrementar las sanciones para conductas vinculadas con la entrega de información privilegiada, la asignación irregular de contratos, concesiones, permisos o adjudicaciones, así como el uso indebido de recursos públicos cuando estas acciones favorezcan a grupos criminales o a personas vinculadas con ellos.
Arias Ávila advirtió que la corrupción afecta el desarrollo económico, debilita la confianza ciudadana y erosiona las instituciones públicas, además de abrir espacios para la operación de redes delictivas dentro de las estructuras gubernamentales.
Finalmente, sostuvo que la actualización de la legislación penal permitirá a las autoridades contar con mayores herramientas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción relacionados con la delincuencia organizada, fortaleciendo el estado de derecho y la integridad institucional en Guanajuato.
