Guanajuato- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad el decreto 164 del Congreso de Guanajuato que autoriza a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a contratar deuda pública por hasta 4 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, recursos que deberán destinarse a proyectos de inversión pública productiva.
Durante la sesión del Pleno, las y los ministros aprobaron sin discusión el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con el que se declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 12 diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo (PT).
Los legisladores promoventes argumentaban que el Congreso del Estado había autorizado el endeudamiento sin especificar de manera individual las obras o proyectos que serían financiados, lo que, a su consideración, contravenía el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abría la posibilidad de un manejo discrecional de los recursos públicos.
Al presentar el proyecto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que dicho planteamiento era infundado, al señalar que la Constitución exige que el Poder Legislativo autorice el financiamiento, analice la capacidad de pago del ente público y determine el destino de los recursos, pero no obliga a identificar de manera específica cada una de las obras que posteriormente ejecutará el Poder Ejecutivo.
La resolución precisa que el Decreto 164 cumple con los requisitos constitucionales, ya que identifica seis programas de inversión pública, asigna un monto determinado para cada uno y establece de forma expresa que los recursos obtenidos mediante el financiamiento únicamente podrán destinarse a esos programas.
Con esta determinación, la SCJN confirmó la validez del decreto aprobado por el Congreso de Guanajuato, permitiendo al Gobierno del Estado acceder al financiamiento autorizado para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo contemplados en el ejercicio fiscal 2026.
