Ciudad de México— La reciente aprobación de la Ley General de Extorsión en la Cámara de Diputados ha encendido un fuerte debate público, luego de que se confirmara que en al menos 13 estados del país se reducirán las penas aplicables a las formas más graves de este delito, considerado uno de los que mayor daño emocional, económico y social causan a las familias mexicanas.
La nueva legislación uniforma a nivel nacional un tope máximo de 25 años de prisión, incluso para casos donde hoy existen condenas de 40, 50 o hasta 70 años. Además, establece la aplicación de la traslación del tipo penal, una figura legal que permitirá reducir de forma retroactiva las sentencias de extorsionadores ya condenados, beneficiando a quienes incluso actuaron a nombre de grupos criminales como La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La propuesta enviada por el Ejecutivo argumenta que penas superiores a 40 años son desproporcionadas, postura respaldada en criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha calificado como excesivas condenas por extorsión agravada, al compararlas con delitos similares o versiones no agravadas del mismo ilícito.
Sin embargo, la propia Corte aún no tiene un criterio obligatorio ni unánime. El 22 de octubre se discutió —sin resolución— un proyecto que plantea reducir a 14 años la pena de un sujeto que intentó extorsionar haciéndose pasar por integrante de La Familia Michoacana. En tanto, un miembro de una banda que utilizaba el nombre del CJNG ya logró que su pena bajara a 17 años mediante un amparo previo.
Estas decisiones fueron divididas. Los exministros Jorge Pardo y Margarita Ríos Farjat votaron en contra; esta última advirtió en un voto particular que las penas altas “resultan razonables frente al daño profundo que produce la extorsión agravada a múltiples bienes jurídicos”, argumento que hoy cobra relevancia frente a la nueva ley.
¿Cómo se castigará ahora la extorsión en México?
La norma establece:
- Extorsión simple: 6 a 15 años de prisión
- Extorsión agravada nivel más alto: 9 a 25 años (máximo)
Este tercer nivel de agravantes incluye:
- Uso de violencia física o armas
- Simulación de accidentes
- Hacerse pasar por integrante del crimen organizado
- Usar menores de edad
- Participación de dos o más personas
- Funcionarios o exfuncionarios involucrados
- Operar desde una cárcel
La reforma aterriza en un momento donde la extorsión se ha convertido en delito de alto impacto en México, afectando a comerciantes, transportistas, familias, empresarios e incluso escuelas, y generando desplazamiento interno en regiones completas.
Organizaciones de víctimas han manifestado preocupación ante el mensaje que podría mandar el Estado: “el castigo baja, el miedo sube”.
Especialistas en derecho penal han señalado que, si bien la proporcionalidad de las penas es un principio jurídico legítimo, el contexto del país exige un análisis más profundo sobre el impacto social, pues la extorsión es un delito que no solo afecta el patrimonio: quiebra la vida emocional de las víctimas y alimenta las economías del crimen organizado. En países con altos índices de extorsión, el éxito de las estrategias judiciales ha dependido no solo de sanciones proporcionales, sino del fortalecimiento de la denuncia, la protección a las víctimas y la eficacia del castigo.
