Guanajuato- Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato presentaron dos iniciativas para expedir nuevas leyes en materia de salud mental, con el objetivo de fortalecer la prevención, ampliar el acceso a los servicios de atención y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que requieren apoyo psicológico y psiquiátrico.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero propuso expedir la Ley de Salud Mental para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de establecer un marco jurídico específico que permita consolidar las acciones existentes y mejorar la coordinación entre autoridades estatales y municipales, instituciones de salud, organizaciones sociales y el sector privado.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la salud mental constituye una prioridad de salud pública y derechos humanos, particularmente ante problemáticas como la depresión, las adicciones y las conductas suicidas.
Como parte de los argumentos de su propuesta, mencionó que Guanajuato registró 461 defunciones por suicidio durante 2024, cifra que ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional. Añadió que la tasa estatal se ha mantenido por encima de la nacional en distintos periodos, lo que refuerza la necesidad de establecer acciones permanentes de prevención y atención.
La iniciativa plantea establecer bases para la promoción, prevención, detección, atención y rehabilitación en salud mental, además de proteger los derechos de las personas usuarias y prevenir la discriminación, el estigma y la violencia.
También contempla reconocer el Modelo Estatal de Atención Integral a la Salud Mental y la Red de Servicios de Atención a la Salud Mental, a fin de articular los servicios disponibles y garantizar la continuidad de la atención, desde el primer nivel hasta los servicios especializados y de urgencias.
Por su parte, el diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Salud Mental y Bienestar Psicosocial del Estado de Guanajuato.
Su propuesta plantea derogar el capítulo VIII de la Ley de Salud estatal, relativo a la salud mental, y establecer un marco jurídico especializado que fortalezca la promoción, prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y reintegración social.
Chaurand Sorzano destacó que la salud mental debe entenderse como un componente esencial del bienestar individual y colectivo, por lo que propuso un modelo de atención comunitaria e interdisciplinaria centrado en las personas y sustentado en los derechos humanos, la perspectiva de género, la interculturalidad, la inclusión y la accesibilidad.
Entre los principales planteamientos de esta segunda iniciativa se encuentran la creación del Consejo Estatal de Salud Mental y del Observatorio Estatal de Salud Mental, instancias destinadas a fortalecer la coordinación institucional, generar información y evaluar las políticas públicas.
Asimismo, propone consolidar una Red Integrada de Servicios de Salud Mental para facilitar la continuidad de la atención, impulsar la rehabilitación psicosocial y favorecer la inclusión de las personas en sus comunidades.
