Puebla— A partir de este 14 de junio, entró en vigor en el estado de Puebla la llamada ‘Ley Ciberasedio’, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se trata de una reforma al Código Penal local que incorpora el artículo 480, el cual tipifica el ciberacoso como delito y establece sanciones por el uso indebido de tecnologías de la información, redes sociales, correos electrónicos y otros espacios digitales para insultar, ofender o vejar a una persona de forma reiterada.
La iniciativa fue presentada en 2023 por José Luis García Parra, actual coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta, y fue aprobada recientemente por la LXII Legislatura del Congreso local. La ley busca, según los legisladores, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar un entorno digital libre de acoso.
El texto del nuevo artículo señala que será sancionada cualquier persona que “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional” a través de medios digitales. Las sanciones establecidas van de 11 meses a 3 años de prisión, y multas que pueden alcanzar los 30 mil pesos, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. En caso de que las víctimas sean menores de edad, las penas pueden aumentar significativamente.
Críticas por ambigüedad y riesgos a la libertad de expresión
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, expresaron su rechazo a la legislación antes de que fuera aprobada. Denunciaron que la norma fue elaborada sin el acompañamiento técnico de especialistas y que su redacción no cumple con el principio de taxatividad, al no definir con claridad las conductas sancionadas, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias.
“Esta ley podría ser utilizada para criminalizar la crítica, especialmente hacia funcionarios públicos y periodistas, en un contexto donde la libertad de expresión ya enfrenta múltiples desafíos”, señalaron las organizaciones mediante un comunicado conjunto.
También en redes sociales, internautas han acusado que la legislación fue aprobada “fast track”, presuntamente motivada por el interés del gobernador Alejandro Armenta de frenar críticas anónimas que se han difundido en su contra en plataformas como X (antes Twitter).
