Estados Unidos- El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunció este lunes una actualización a su política migratoria que restringe el acceso a visados especializados para mujeres transexuales que compiten en deportes femeninos. Esta medida impacta solicitudes de visa como la O-1A (para personas con habilidades extraordinarias), así como tarjetas verdes EB-1 y EB-2, utilizadas por profesionales altamente calificados.
En su comunicado, el USCIS afirmó que, a partir de ahora, competir como atleta trans en categorías femeninas será considerado un “factor negativo” al momento de revisar las solicitudes. La actualización se aplicará particularmente a quienes —según el criterio de la agencia— hayan competido como “atletas masculinos contra mujeres”.
Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, defendió la nueva política afirmando que “es una cuestión de seguridad, justicia, respeto y verdad que sólo las mujeres atletas reciban un visado para venir a EE. UU. a participar en deportes femeninos”. También acusó a algunas atletas extranjeras transgénero de buscar ventajas “biológicas” injustas.
La decisión se enmarca en el contexto de las acciones emprendidas por la administración de Donald Trump, quien ha reforzado su agenda política en torno a temas de género, migración y deportes. En febrero, el expresidente firmó un decreto que prohíbe a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas, política que ya ha sido replicada por varias federaciones deportivas y estados a nivel local.
El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos también actualizó recientemente sus lineamientos para alinearse con esta directiva, generando una ola de críticas por parte de activistas de derechos humanos.
Organizaciones defensoras de la comunidad LGBTQ+ han denunciado que esta política discrimina a una minoría ya vulnerable, y advirtieron que podría ser usada para excluir sistemáticamente a atletas trans de eventos internacionales en suelo estadounidense. A su vez, expertos legales han señalado que la medida podría enfrentar impugnaciones judiciales bajo argumentos de derechos civiles y principios de no discriminación.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido comentarios adicionales sobre la implementación práctica de esta nueva disposición.
