Estados Unidos— El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo programa piloto de visas a partir del 20 de agosto, el cual permitirá a los funcionarios consulares exigir fianzas de entre 5 mil y 15 mil dólares a solicitantes de visas de turista (B-2) o de negocios (B-1) provenientes de países con altos niveles de rebasamiento de estancia legal o con deficiencias en sus sistemas de verificación de antecedentes.
Según el anuncio publicado en el Registro Federal, esta política será discrecional, es decir, quedará a criterio de cada consulado imponer la fianza, aunque se espera que en la mayoría de los casos el monto mínimo exigido sea de 10 mil dólares.
La fianza será devuelta a los solicitantes si abandonan el país conforme a los términos de su visa, mientras que será retenida si se quedan más allá del tiempo autorizado.
Esta iniciativa, impulsada en el marco de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, busca reforzar los mecanismos de control migratorio y reducir el número de personas que permanecen ilegalmente en territorio estadounidense tras el vencimiento de sus visas.
En junio, Trump ya había implementado una prohibición parcial o total de viaje a ciudadanos de 19 países por razones de seguridad nacional, lo que ha impactado en el flujo internacional hacia Estados Unidos. Las tarifas aéreas transatlánticas han caído a niveles no vistos desde antes de la pandemia, y los viajes desde Canadá y México disminuyeron un 20% interanual.
El nuevo programa tendrá una duración de un año y retoma una medida similar que se implementó brevemente en noviembre de 2020, pero que no tuvo aplicación plena debido a la caída global del turismo por la pandemia de COVID-19
📌 Información adicional:
Las visas B-1 y B-2 son comúnmente utilizadas por viajeros de negocios, turistas, o personas que visitan a familiares. El rebasamiento del tiempo permitido en una visa es una de las principales fuentes de inmigración irregular en EU, por encima incluso del ingreso por cruces fronterizos ilegales.
Organismos defensores de los derechos humanos y asociaciones migratorias han advertido que medidas como estas podrían tener efectos discriminatorios y limitar el acceso legítimo al país para ciudadanos de naciones en vías de desarrollo.
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