Washington — En una revelación que ha generado alarma entre expertos legales y organismos internacionales, la cadena estadounidense CNN informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos elaboró una opinión legal secreta durante la administración de Donald Trump, mediante la cual se justificaron ataques letales contra una “lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas”.
De acuerdo con la investigación periodística, la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) sostuvo que el entonces presidente podía autorizar el uso de fuerza letal contra una gama extensa de organizaciones criminales, argumentando que representaban una “amenaza inminente para los estadounidenses”.
La opinión, calificada como “extraordinariamente amplia”, no se limitaba a los cárteles que el gobierno de Trump había declarado Organizaciones Terroristas Extranjeras, sino que extendía su alcance a cualquier grupo que traficara drogas hacia territorio estadounidense.
Expertos legales consultados por CNN advirtieron que este documento confirió al presidente un poder sin precedentes: designar a narcotraficantes como “combatientes enemigos” y ordenar su ejecución sin revisión judicial.
“Según esta lógica, cualquier grupo —grande o pequeño— que trafique drogas hacia Estados Unidos podría ser considerado un ataque directo contra la nación y, por tanto, blanco legítimo de fuerza letal”, explicó un exabogado del Pentágono citado por la cadena.
La información coincide con reportes previos de medios como The New York Times, CBS y BBC, que revelaron la existencia de un memorándum del Pentágono en el que se afirmaba que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga. Dicho documento sirvió de sustento para al menos cuatro operaciones militares en el Caribe, en las que fueron destruidas embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de drogas y donde habrían muerto 21 personas, catalogadas por Washington como “combatientes ilegales”.
Pese a las críticas internas, CNN señala que los abogados del Departamento de Defensa “han preferido bajar la cabeza y acatar la nueva política” derivada de la opinión de la OLC, mientras la administración Trump habría extendido los poderes de la CIA para ejecutar operaciones encubiertas y acciones letales en América Latina.
El hallazgo reabre el debate sobre los límites del poder presidencial estadounidense en materia de seguridad nacional y las implicaciones legales y éticas de aplicar la doctrina militar del “enemigo combatiente” a actores del crimen organizado.
