Guanajuato- La diputada local de Morena, María Eugenia García Oliveros, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Guanajuato con el objetivo de otorgar reconocimiento legal a las familias comaternales y fortalecer la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes que forman parte de estos núcleos familiares.
La propuesta busca establecer un marco normativo que reconozca plenamente a las familias integradas por dos madres, además de garantizar los derechos filiativos de las personas menores de edad y brindar mayor certeza jurídica a quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida.
De acuerdo con la legisladora, la transformación social de las últimas décadas ha dado paso a nuevas configuraciones familiares que requieren protección legal sin distinción por orientación sexual o identidad de género. En ese sentido, señaló que la legislación estatal debe adaptarse a la realidad social contemporánea para asegurar que todas las familias cuenten con los mismos derechos y garantías.
La iniciativa pretende atender los vacíos legales que actualmente enfrentan las parejas de mujeres que comparten la maternidad. Aunque en Guanajuato existe reconocimiento al matrimonio igualitario y mecanismos para la adopción, persisten lagunas jurídicas en materia de filiación que generan incertidumbre para las madres y sus hijas e hijos.
Entre los principales objetivos de la reforma se encuentran el reconocimiento jurídico de las familias comaternales, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de la seguridad jurídica de quienes nacen mediante procedimientos de reproducción asistida.
La diputada argumentó que la falta de reconocimiento legal pleno puede afectar el derecho a la identidad de las personas menores de edad, ya que en muchos casos solo una de las madres aparece reconocida oficialmente, mientras que la otra queda excluida de derechos y obligaciones parentales.
Según la exposición de motivos, esta situación puede generar complicaciones en trámites administrativos, acceso a servicios, representación legal y toma de decisiones relacionadas con la salud, educación y bienestar de los menores.
Además de las implicaciones legales, la propuesta advierte sobre consecuencias sociales y emocionales derivadas de la falta de reconocimiento de estas estructuras familiares, incluyendo situaciones de discriminación, incertidumbre jurídica y vulnerabilidad ante escenarios como enfermedades, separaciones o el fallecimiento de una de las madres.
La legisladora sostuvo que el avance de la legislación hacia esquemas más incluyentes permitirá garantizar una protección integral para la infancia y adolescencia, independientemente de la composición de la familia en la que se desarrollen.
