Guanajuato- Una jueza federal declaró culpables de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa a dos elementos de la Guardia Nacional acusados de asesinar al estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel y atacar a otros dos jóvenes en hechos ocurridos en 2022 en el estado de Guanajuato.
La resolución fue considerada histórica por los representantes legales de las víctimas, al tratarse de la primera sentencia condenatoria en la entidad contra integrantes de la corporación federal por este tipo de delitos.
Aunque la declaratoria de culpabilidad ya fue emitida, será este miércoles, durante la reanudación de la audiencia programada a la una de la tarde, cuando la autoridad judicial dé a conocer la pena que enfrentarán los agentes involucrados. La defensa de las víctimas estima que podrían recibir condenas de entre 30 y 60 años de prisión.
“Nos sentimos contentos y satisfechos no obstante que pasó mucho tiempo y hoy es un buen día para la comunidad universitaria”, expresó Juan Arredondo Rodríguez, asesor legal de los estudiantes afectados.
Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca, luego de asistir a una reunión con estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.
De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes circulaban por la comunidad de El Copal cuando fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional, quienes les marcaron el alto e iniciaron una persecución que concluyó en un ataque armado.
Durante la agresión, Ángel Yael recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. Edith Alejandra resultó lesionada por impacto de bala en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo logró salir ileso.
El caso generó indignación entre estudiantes, académicos y familiares de las víctimas, quienes realizaron protestas y exigieron justicia tras el ataque.
Días después de los hechos, los elementos identificados como Iván I. y Jesús Ángel A.G. fueron consignados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, el proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a amparos promovidos por la defensa de los acusados, lo que prolongó el juicio durante casi cuatro años.
Fue hasta finales del año pasado cuando concluyeron dichos recursos legales y, en marzo de este año, se retomó la audiencia correspondiente.
Durante el proceso, uno de los agentes permaneció detenido, mientras que el otro enfrentó el juicio en libertad. Tras la declaratoria de culpabilidad, tanto la Fiscalía General de la República como los representantes legales de las víctimas solicitaron la detención inmediata del agente Iván I. para evitar un posible riesgo de fuga; sin embargo, la petición fue rechazada por la jueza.
La resolución emitida representa uno de los casos más relevantes en Guanajuato relacionados con el uso letal de la fuerza por parte de corporaciones federales y reavivó el debate sobre la actuación de elementos de seguridad en operativos contra civiles.
