Redacción
Guerrero.– Ataques armados, desplazamientos forzados y denuncias de bombardeos con drones mantienen bajo violencia a comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, donde habitantes acusaron que continúan sin recibir protección de fuerzas federales y estatales pese a más de cinco días de agresiones atribuidas al grupo criminal Los Ardillos.
“Ahorita mismo (…) continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades y sobre el lugar donde nos encontramos, los desplazados”, denunció un habitante desplazado mediante un video mensaje difundido el lunes.
El poblador aseguró que familias de las comunidades de Tula, Xicotlán y Alcozacán han tenido que huir hacia cerros y zonas alejadas tras los ataques, en los que, dijo, también han sido incendiadas viviendas y asesinados integrantes de las comunidades.
“Ya nos han asesinado compañeros, han quemado casas, matado a nuestros animales y sembrando terror a nuestros pueblos”.
En su mensaje, el habitante cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la presencia de protección gubernamental en la región.
También denunció que ni elementos del Ejército Mexicano ni de la Guardia Nacional habían ingresado a las comunidades afectadas y que “tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando”, afirmó.
El testimonio difundido responsabilizó de los ataques a César Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega Jiménez y Antonio Ortega Jiménez, presuntos integrantes del grupo criminal Los Ardillos, además de acusar omisión de autoridades estatales y federales.
El denunciante pidió el envío urgente de fuerzas federales y apoyo aéreo para proteger a niños, mujeres y personas adultas mayores que permanecen desplazadas.
No queremos más discursos, queremos que detengan esta masacre.
En otro video difundido en redes sociales, mujeres indígenas desplazadas, algunas acompañadas de niñas y niños, pidieron apoyo internacional ante la violencia en sus comunidades y acusaron abandono por parte de autoridades mexicanas.
Una mujer indígena encabezó un videomensaje donde pide que el presidente de Estados Unidos intervenga en la situación.
Donald Trump, ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven; ya estamos rodeados por culpa de Los Ardillos, los criminales nos están atacando, ya vienen cerca, están quemando las casas (…) porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso, ya nos dejó solos.
Las mujeres afirmaron que decidieron ocultar sus identidades por temor a represalias y afirmaron que “si nos miran por ahí, nos van a agarrar y nos van a torturar”, señalaron.
En los testimonios también denunciaron que permanecen escondidas junto con niñas y niños que enfrentan carencias de alimentos, mientras continúan los ataques armados y la quema de viviendas en la región.
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional Indígena informó en un comunicado que desde el pasado 6 de mayo las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán han sido atacadas por presuntos integrantes de Los Ardillos, situación que, dijo, provocó desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en la región.
Además, otras mujeres indígenas acudieron ayer al Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, a manifestarse y exigir atención de la gobernadora Evelyn Salgado y demás autoridades.
Nos están matando y no nos podemos quejar porque somos mu indígenas, no nos hacen caso (…) este es un llamado de auxilio, alguien haga algo, son más de 800 refugiados ahí.
La manifestante afirmó que mientras las autoridades aseguraban que ya había cuerpos de seguridad y atención en la zona, las personas seguían reportando ataques armados; incluso, dijo, mientran hablaba por teléfono con su madre, se oían disparos.
La organización denunció además el asesinato de Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, así como el hallazgo de cuatro cuerpos sobre la carretera Chilapa-Tlapa, entre ellos José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, habitantes de Xicotlán, además que otros comuneros mencionan la desaparición de cuando menos 13 personas.
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello informó que mantiene documentación de testimonios e incidencias en Alcozacán y comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, además de haber compartido reportes con ACNUR ante el riesgo humanitario y posibles escenarios de desplazamiento forzado derivados de la violencia.
En respuesta, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó en redes sociales que, autoridades estatales y federales mantienen presencia institucional y diálogo permanente en la región.
A través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mantenemos presencia institucional y diálogo permanente con en la región de la Montaña baja.
Agregó que las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y organismos de derechos humanos “privilegiando siempre el diálogo, la legalidad y la protección de las y los ciudadanos”.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que fueron desplazadas 96 personas y que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez se encuentra en Guerrero atendiendo la situación; además de que desde el inicio del conflicto hay personal de la Guardia Nacional en las comunidades.
Además, mencionó que “hay actores y ciertas personas que en el momento en el que están provocando que en el momento que ingresara la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la vida de otras personas”.
Dijo que se mantiene el diálogo para establecer una zona de operación y afirmó que, al menos 20 personas se encuentran hasta el momento en el lugar de mayor conflicto.
Finalmente, el secretario confirmó que son dos grupos criminales en disputa, Los Ardillos y los Tlacos, quienes mantienen en fuego cruzado a la población.
