México- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó actos de tortura cometidos por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) en contra de una mujer detenida en Villagrán, Guanajuato, durante un operativo conjunto realizado en marzo de 2019, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los hallazgos forman parte de la recomendación 194VG/2025, dirigida a la Semar, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad.
El organismo solicitó a las autoridades involucradas colaborar con la denuncia que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras confirmarse que la víctima fue sometida, golpeada y amenazada durante el operativo denominado “Golpe de Timón”, en el que participaron elementos navales, policías estatales y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Emitimos la #Recomendación 194VG/2025 a la @SEMAR_mx, @FGEGUANAJUATO y @pazgobgente por actos de tortura cometidos en 2019. Acreditamos las agresiones y daremos vista a la @FGRMexico. Exigimos total colaboración.#DefendemosAlPueblo
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— CNDH en México (@CNDH) November 20, 2025
Según la resolución, personal de Marina participó directamente en los actos de tortura, mientras que elementos de la SSP y la Fiscalía presenciaron las agresiones sin denunciar los hechos. La CNDH verificó que las lesiones de la víctima eran evidentes, pero la autoridad ministerial estatal omitió reportarlas e incluso intentó justificar su origen, atribuyéndolas a terceros o a la propia detenida.
La queja fue presentada en junio de 2022 ante la PRODHEG, que solicitó la intervención de la CNDH debido a que la mujer se encuentra recluida en el CEFERESO 16, en Morelos.
De acuerdo con el expediente, fue detenida el 5 de marzo de 2019, luego de que personal de Semar, AIC y SSP irrumpiera en un domicilio y la señalara sin explicación. En su testimonio, relató haber sido golpeada, asfixiada, sumergida en agua y amenazada con hacer daño a su familia hasta obligarla a aceptar supuestos señalamientos.
Aunque la Marina negó su participación, la CNDH tuvo acceso a una videograbación que contradice esa afirmación. Asimismo, el organismo documentó que un certificado médico de la FGE registró 15 lesiones y que un juez federal promovió, desde 2019, una investigación por tortura.
Paralelamente, la FGE abrió carpetas de investigación en contra de la agraviada por delitos contra la salud, homicidio y sedición, mientras que la FGR la acusó de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. No obstante, la FGR se negó a atraer la carpeta estatal tras concluir que la mujer no estaba vinculada con grupos delictivos.
La CNDH recomendó la reparación integral del daño, atención psicológica y seguimiento puntual de las investigaciones penales y administrativas. También instruyó a las dependencias a impartir cursos sobre prevención de la tortura y emitir circulares internas que garanticen que toda detención se realice con estricto respeto a los derechos humanos.
