Ciudad de México- La noche del jueves se consumó un crimen que ha generado indignación y nuevas exigencias de justicia: Neria Pamela López Solís, de 29 años, fue asesinada a balazos en calles de la Colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, tras denunciar a su expareja, Álvaro ‘N’, por el presunto abuso sexual en contra de su hijo de 13 años.
Los primeros reportes indican que Neria Pamela fue atacada aproximadamente a las 22:15 horas, minutos después de regresar de una audiencia familiar relacionada con la custodia del menor. Cuando se encontraba a unos pasos de su vivienda, un sujeto armado le disparó a corta distancia y huyó a bordo de una motocicleta negra. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, donde se localizaron al menos cinco casquillos percutidos, y revisan grabaciones de cámaras cercanas que captaron la ruta de escape del agresor.
El caso ha encendido la alarma entre organizaciones feministas, luego de que la Colectiva Nacional 50+1 confirmara que Neria había denunciado públicamente la violencia sexual ejercida contra su hijo, pese a lo cual perdió la custodia del menor. “Neria denunció públicamente los hechos y advirtió el riesgo que corría por atreverse a defender a su hijo”, enfatizó la colectiva, que también exige que el crimen se investigue como feminicidio con perspectiva de género.
La víctima, madre de tres hijos —uno de ellos, de 4 años, hijo en común con Álvaro ‘N’— había solicitado protección y había alertado sobre amenazas. A pesar de esto, su asesinato expone una cadena de posibles omisiones institucionales. La colectiva 50+1 pidió la suspensión inmediata del juez Jorge Rodríguez Murillo, responsable del fallo que le retiró la custodia, y reclamó garantías de seguridad para el menor y para las madres que buscan justicia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y realiza peritajes con base en el material de videovigilancia. El caso ha reavivado la discusión sobre la revictimización de mujeres denunciantes, la protección a víctimas indirectas y la urgencia de aplicar la perspectiva de género en procesos judiciales de custodia y violencia sexual infantil.
Mientras tanto, activistas y colectivas exigen que el feminicidio de Neria Pamela no quede impune y que se tomen medidas para proteger a su familia, especialmente al menor involucrado.
