México- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de desapariciones forzadas propuestas por el Ejecutivo federal, que establece la creación de una Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad interconectada con múltiples bases de datos públicos y privados.
Con el voto en contra del PRI y parte del PAN, y la abstención de Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena y sus aliados avalaron modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población para que, a partir de ahora, la CURP incluya obligatoriamente huellas dactilares y fotografía, convirtiéndose en documento de identificación nacional obligatorio.
De acuerdo con el dictamen, esta CURP alimentará una Plataforma Única de Identidad, que servirá como fuente primaria para la localización de personas desaparecidas y estará vinculada a registros como el Banco Nacional de Datos Forenses, además de sistemas de información de bancos, transportes, servicios de salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y hasta instituciones religiosas.
El proyecto también contempla la creación de una Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas, que será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las Fiscalías Especializadas.
Sin embargo, durante el debate, legisladoras de la Oposición cuestionaron que la reforma no incorpora exigencias centrales de madres buscadoras, como recursos para tecnología de rastreo, apoyo para labores de campo y la inclusión de hallazgos independientes en carpetas de investigación. “Hoy no estamos votando una política pública, estamos votando un dispositivo de total control”, advirtió la panista María Angélica Granados, quien alertó sobre el riesgo de crear un “gran hermano biométrico” sin contrapesos ni supervisión judicial.
La emecista Patricia Flores también acusó falta de garantías para proteger la información recopilada y prevenir filtraciones, mal uso o venta de datos sensibles. “El Estado no puede ser juez y parte. ¿Qué pasa si la misma autoridad que concentra toda la información es la que encubre o es cómplice de desapariciones?”, cuestionó.
En contraste, la diputada morenista Irma Juan Carlos defendió que la reforma responde a un reclamo histórico de familiares y dota a las instituciones de herramientas más eficaces para enfrentar la crisis de desapariciones que, reconoció, se ha disparado desde el año 2000. Según datos oficiales, en México desaparecen en promedio 42 personas cada día.
Pese a que más de 100 colectivos de buscadoras se manifestaron en contra de la iniciativa presidencial por no incluir su participación en los procesos de localización, la mayoría legislativa aseguró que las modificaciones cumplen estándares internacionales y compromisos del país en materia de derechos humanos.
