México- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó este viernes su preocupación ante la nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a diversas leyes de seguridad pública que actualmente discute el Congreso de la Unión. Según el organismo, estas modificaciones consolidan una “indebida naturaleza militar” y representan un riesgo para derechos fundamentales como la privacidad, la supervisión democrática y la rendición de cuentas.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la ONU-DH advirtió que la nueva normativa otorgaría facultades amplias de investigación e inteligencia a la Guardia Nacional sin contemplar mecanismos democráticos de control ni salvaguardas efectivas. Esta situación se sumaría, señaló, a la creciente militarización de la seguridad pública en el país.
El organismo internacional también expresó inquietud por las disposiciones que permitirían al Ejército procesar información de inteligencia, lo que pondría en riesgo derecho como la privacidad, protegida por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La ONU-DH subrayó que la seguridad pública debe mantenerse bajo responsabilidad de autoridades civiles, sujeta a controles democráticos y amplia deliberación pública, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos.
Las reformas en análisis incluyen cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Colectivos civiles y académicos han advertido que dichas modificaciones podrían permitir prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas civiles de seguridad.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional se encuentra bajo mando operativo del Ejército, aunque legalmente mantiene su carácter civil. El llamado de la ONU-DH se suma a la presión internacional para que el Estado mexicano fortalezca controles civiles y garantías de derechos humanos en su estrategia de seguridad.
Por ahora, las reformas cuentan con el aval de la Cámara de Diputados y permanecen en discusión en el Senado.
