Guanajuato- Guanajuato, uno de los ocho estados del país que aún penalizan el aborto, tendrá un plazo de 90 días —a partir del 15 de febrero— para adecuar su legislación, de lo contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitir una nueva resolución de inconstitucionalidad con efectos en todo el país, advirtió Amnistía Internacional (AI).
La organización reconoció la decisión de la SCJN de admitir a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad relacionada con artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan la interrupción del embarazo. Recordó que desde 2021 la Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en México, obligando a las 32 entidades a armonizar sus leyes, resolución que Guanajuato no ha cumplido desde hace cuatro años.
Amnistía Internacional señaló que, pese a este mandato, en diciembre de 2025 el Congreso local archivó de manera definitiva las iniciativas para despenalizar el aborto, reformar la Constitución estatal y reconocer la autonomía reproductiva, incumpliendo sus obligaciones constitucionales.
La ONG subrayó que si el Congreso de Guanajuato no realiza las reformas en el plazo establecido, la SCJN podrá ordenar la despenalización del aborto en las entidades que aún lo criminalizan. Actualmente, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora mantienen sanciones penales contra la interrupción del embarazo.
El caso se suma a otros debates pendientes en la Suprema Corte, como la revisión de la legislación de Aguascalientes, entidad que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en 2023, pero que en 2024 redujo el plazo legal a seis semanas, lo que fue señalado por organizaciones civiles como un retroceso en derechos humanos y reproductivos.
