Ciudad de México— El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó formalmente el beneficio de libertad anticipada, medida que será resuelta el próximo 12 de noviembre por la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La solicitud, presentada desde diciembre de 2024, argumenta que el exmandatario ha cumplido el 95% de la sentencia de nueve años que le fue impuesta en 2018, cuando se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, dentro de un procedimiento abreviado.
De acuerdo con su defensa, encabezada por Carlos y Pablo Campuzano, Duarte cumple con los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder al beneficio: haber cubierto más de la mitad de la pena, mantener buena conducta, no contar con procesos penales pendientes y haber pagado multas. También aseguran que el exgobernador participó en programas de reinserción social dentro del penal y colaboró con la justicia desde que se entregó voluntariamente en 2018, tras ser detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México.
“Hoy el Estado mexicano, en coordinación con la Fiscalía de Veracruz, buscan a toda costa incumplir con esta promesa”, afirmó la defensa, según reportó Animal Político.
La FGR se opone: “no ha pagado por sus crímenes”
La Fiscalía General de la República (FGR), representada por Manuel Granados Quiroz, rechazó la solicitud al señalar que persisten decomisos pendientes y que el exmandatario no ha resarcido el daño patrimonial causado durante su gestión.
“No ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”, sostuvo la representación federal, recordando que durante su gobierno Veracruz fue escenario de estructuras de corrupción, el uso de empresas fantasma y el desvío sistemático de recursos públicos.
Como parte de la sentencia dictada en septiembre de 2018, además de los nueve años de prisión, a Duarte se le impuso una multa de 58 mil pesos (equivalentes a unos 3 mil dólares) y el decomiso de 40 propiedades. No obstante, otros procesos en su contra por delitos electorales, desaparición forzada e incumplimiento del deber legal fueron anulados o declarados prescritos.
Un caso que sigue dividiendo al país
- Desvío masivo de recursos públicos:
Se le acusa de haber robado miles de millones de pesos mediante empresas fantasma, contratos ficticios y malversación de fondos federales. La deuda de Veracruz se disparó a niveles históricos, dejando al estado en bancarrota técnica. - Escándalo de las “empresas fantasma”:
En 2015, se documentó el pago de 431 millones de pesos a 41 empresas inexistentes, muchas de las cuales tenían domicilios falsos o eran dirigidas por personas de bajos recursos. - Fuga y captura internacional:
Tras renunciar en octubre de 2016, huyó del país. Fue detenido en Guatemala en abril de 2017 después de 6 meses prófugo, en un operativo mediático que lo mostró como un fugitivo de lujo. - Condena por corrupción y lavado de dinero:
En 2018 se declaró culpable y fue sentenciado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cumple su pena en el penal del Altiplano. - Frases y memes virales:
Es recordado por declaraciones como:“¿Y de qué me disfrazaría? ¿De policía honesto?”
o
“Pobre de mis hijos, que van a quedar huérfanos de padre vivo.”
Estas frases se volvieron memes y símbolos de cinismo político. - Crisis humanitaria en Veracruz:
Su sexenio coincidió con un aumento brutal de la violencia, desapariciones y fosas clandestinas, en un contexto de colapso institucional que muchos atribuyen a la corrupción de su gobierno.
