Ciudad de México– El robo de petróleo crudo en México alcanzó su nivel más alto en 15 años, representando el 6 por ciento de la producción nacional durante el último año, reveló un análisis del Observatorio Ciudadano de Energía.
En 2010, este delito significaba apenas un 2 % de la producción, lo que equivale a unos 52 mil barriles diarios. Sin embargo, en 2024, el robo de crudo se disparó a 109 mil barriles por día, en un contexto donde la producción total de crudo y condensados de Pemex se ubicó en un millón 759 mil barriles diarios, de acuerdo con datos de la petrolera estatal.
Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio, explicó que el robo se concentra principalmente en zonas marinas y centros de almacenamiento de Pemex. Las cifras reflejan que durante los últimos 15 años, el robo promedio se mantuvo en niveles de 57 mil a 60 mil barriles diarios, representando alrededor del 2.7 % de la producción nacional. La pérdida acumulada para Pemex por esta actividad ilícita se calcula en 25 mil 500 millones de dólares.
Tan solo en 2024, el impacto económico fue de 2 mil 792 millones de dólares, según el mismo análisis. Para dimensionar la gravedad, en 2017 se registró la tasa más baja, con apenas un 0.4 % de la producción robada, equivalente a una pérdida de 126 millones de dólares.
La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advirtió recientemente que grupos criminales, principalmente cárteles de la droga, obtienen crudo sobornando a empleados de Pemex y a funcionarios locales. El robo se realiza mediante perforación de oleoductos, extracción ilegal en refinerías y bajo amenazas directas a trabajadores de la petrolera.
El producto sustraído se trafica hacia Estados Unidos y se comercializa como crudo WTI en el mercado internacional. Según el reporte, incluso empresas de Japón, India y Sudáfrica han adquirido crudo mexicano de procedencia ilícita, sin conocer, o ignorando deliberadamente, su origen ilegal.
Expertos energéticos coinciden en que este delito no solo erosiona los ingresos de Pemex, sino que fortalece las finanzas de organizaciones delictivas, profundizando la crisis de seguridad y corrupción que afecta al sector energético mexicano.
