México- En al menos 21 estados del país, el crimen organizado ha llevado su operación de espionaje y monitoreo al siguiente nivel. A través de cámaras de videovigilancia clandestinas, instaladas en postes, casas, mercados y negocios, los grupos delictivos observan los movimientos de las autoridades, vigilan a sus víctimas y coordinan sus actividades con una precisión alarmante.
Según informa El Universal, desde 2024 y hasta marzo de 2025, las fuerzas de seguridad han desactivado al menos 6,619 cámaras en 75 municipios, exponiendo el alcance y la infraestructura que han desarrollado estas organizaciones. En estados como Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California, se han descubierto centros de monitoreo clandestinos que operaban con tecnología avanzada y bajo la aparente tolerancia de algunas autoridades.
Los grupos delictivos han dejado atrás las prácticas rudimentarias de vigilancia y han adoptado modelos de videovigilancia sofisticados. Según informes de seguridad, utilizan cámaras PTZ inalámbricas con inclinación, zoom y visión panorámica, además de dispositivos fijos que pueden adquirirse fácilmente en línea por precios que van de los 200 a los 800 pesos.
En Sinaloa, por ejemplo, desde febrero se han retirado 1,530 cámaras clandestinas en municipios como Culiacán, Mazatlán y Navolato. En Guanajuato, 1,400 cámaras han sido desmanteladas en Celaya, y otras más en Irapuato y León. Mientras tanto, en San Luis Potosí se han detectado más de 400 cámaras, con la detención de al menos 15 personas vinculadas a su instalación y operación.
Incluso en mercados públicos, como el de Chilpancingo, 21 cámaras fueron removidas tras el asesinato de trabajadores, lo que confirma que la delincuencia usa estos sistemas para controlar territorios y ejercer su dominio con impunidad.
Para el especialista en seguridad Leopoldo Rodríguez Aranda, esta red de videovigilancia ilegal es un reflejo del poder económico y territorial que han ganado los grupos criminales, pero también de la complicidad o negligencia de algunas autoridades.
“El problema no es sólo que tengan los recursos para instalar estos sistemas, sino que hay quienes lo toleran o lo permiten en los tres niveles de gobierno”, advirtió.
Rodríguez también señaló que el hallazgo constante de estas cámaras en los últimos meses se debe a la presión del gobierno de Estados Unidos sobre México para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
¿Cómo frenar el halconeo digital?
El Congreso de San Luis Potosí ya ha propuesto tipificar como delito la instalación y operación de estos sistemas clandestinos. Sin embargo, los expertos advierten que el combate debe ir más allá de las sanciones y enfocarse en una estrategia de seguridad real, científica e inteligente que impida que estos grupos sigan ampliando su control sobre el país.
