Tijuana — La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rompió el silencio este lunes ante la controversia por la cancelación de su visa estadounidense, pero evitó aclarar los motivos detrás de la medida tomada por el Gobierno de Estados Unidos y guardó silencio sobre su esposo, Carlos Torres Torres, presuntamente implicado en una investigación por lavado de dinero.
Durante un mensaje de apenas 10 minutos, acompañada por integrantes de su gabinete estatal, la mandataria morenista afirmó que no ha cometido ningún delito, aunque se abstuvo de mencionar directamente a su pareja, con quien compartía cuentas bancarias que estarían siendo revisadas por autoridades norteamericanas.
“Ya doy por cerrado este tema“, sentenció la gobernadora, quien días antes había defendido públicamente a su esposo, pero en esta ocasión evitó cualquier referencia a él.
Hace dos semanas, agentes del Customs and Border Protection (CBP) interceptaron a Carlos Torres cuando intentaba cruzar la frontera, según una investigación publicada por el semanario ZETA de Tijuana. El personal de la garita internacional notificó la revocación de su visa debido a una alerta del Departamento de Estado, relacionada con movimientos financieros irregulares.
Las autoridades estadounidenses notificaron a Marina del Pilar de forma preventiva, sin detenerla, en atención a su investidura como gobernadora, para evitar una situación incómoda si cruzaba a Estados Unidos.
Fuentes consultadas por ZETA y expertas en temas de seguridad en EE.UU. señalaron que este tipo de investigaciones incluyen a los círculos cercanos a los principales involucrados, lo que podría involucrar también a Luis Torres, cuñado de la mandataria.
Aunque el Gobierno estadounidense no ha hecho público el caso, versiones locales apuntan a que las pesquisas llevan varios meses en curso y se habrían intensificado ante el aumento de hechos violentos y de inseguridad en Baja California.
La cancelación de visas por parte de Estados Unidos suele ser un indicio de investigaciones en curso por delitos financieros, especialmente cuando involucran transferencias sospechosas o movimientos entre cuentas binacionales.
Por ahora, la gobernadora evita más declaraciones, mientras el caso sigue generando tensión política y mediática en la región fronteriza.
