México- El caso de corrupción que sacude a la Marina y a las aduanas del país ha salido a la luz con detalles estremecedores: el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías, habrían operado una red de sobornos millonarios para permitir la descarga de buques con huachicol fiscal en recintos portuarios.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada embarcación ilegal que lograba descargar combustible. El testimonio clave lo dio el Capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en testigo protegido y confesó haber recibido pagos millonarios por su participación.
Torres admitió que entre abril de 2024 y enero de 2025 permitió personalmente la descarga de 14 buques, con lo que acumuló sobornos por 24 millones 500 mil pesos. Reveló además que no repartía el dinero en su totalidad, pues de los montos destinados a 11 funcionarios, solo seis recibían una parte, mientras él se quedaba con más de 19 millones.
En su declaración, también señaló al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz como intermediario de los hermanos Farías. Solano, identificado bajo el alias “NK” en la app Threema, presuntamente entregaba el dinero y coordinaba la operación, pero hasta ahora se encuentra prófugo con una orden de aprehensión en su contra.
Entre los funcionarios que sí recibieron parte de los sobornos figuran el Capitán Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías. Todos ellos ya enfrentan proceso judicial tras su detención la semana pasada.
Este caso evidencia cómo el huachicol fiscal se infiltró en estructuras de alto nivel, comprometiendo a mandos militares y civiles dentro de las aduanas. El impacto no solo alcanza a quienes fueron encarcelados, sino que plantea dudas sobre la profundidad de la red y los beneficios económicos generados a costa de la legalidad y la seguridad energética del país.
