Redacción
México.- La venta de combustible robado, conocido como huachicol, continúa expandiéndose en las principales autopistas de México, convirtiéndose en una práctica visible y, aparentemente, tolerada por las autoridades de seguridad. En carreteras como la México-Querétaro y el Libramiento Noroeste en Nuevo León, cientos de puntos de venta ilegal operan a plena luz del día, a pesar del patrullaje de la Guardia Nacional.
Un mercado en auge en Querétaro e Hidalgo
En el tramo de la autopista México-Querétaro, específicamente entre los kilómetros 138 y 142, se identificaron más de 40 puntos de venta ilegal en un recorrido reciente. Los precios son considerablemente más bajos que los oficiales: el litro de gasolina se vende por 14 pesos, mientras que en las gasolineras cuesta en promedio 24 pesos. El diésel, por su parte, se ofrece a 16 pesos, 10 pesos menos que el precio establecido.
La zona más afectada comprende los poblados de Celayita y Gavillero de la Trinidad, donde se concentran locales improvisados que simulan ser vulcanizadoras o tiendas. Esta región es un punto estratégico debido a su ubicación limítrofe entre Querétaro, Hidalgo y el Estado de México, lo que complica la intervención efectiva de las autoridades.
Nuevo León: un foco rojo de huachicoleo
En Nuevo León, el panorama es igualmente alarmante. La venta de combustible robado se realiza abiertamente en vialidades como la Carretera Libre a Nuevo Laredo y el Libramiento Noroeste. Los puntos de venta son fácilmente identificables gracias a lámparas con estrobos o luces blancas parpadeantes, que marcan el lugar donde se comercializa el huachicol.
El robo a ductos de Pemex ha aumentado un 64% en 10 municipios de Nuevo León, incluidos Cadereyta, Santa Catarina y García. Estas tomas clandestinas han derivado en violentos enfrentamientos entre grupos delictivos que buscan controlar el lucrativo negocio del huachicol.
Implicaciones y falta de acción
La proliferación de estos puntos de venta no solo representa una pérdida económica significativa para Pemex y el gobierno mexicano, sino también un riesgo latente para la seguridad pública debido al aumento de la violencia asociada al huachicoleo.
A pesar de los operativos y detenciones esporádicas que las autoridades han presumido, la realidad en el terreno muestra una actividad incontrolada y en constante expansión.
