Washington– En medio de una creciente ola de protestas por las políticas migratorias de su gobierno, el presidente Donald Trump anunció este domingo su intención de criminalizar el uso de máscaras durante manifestaciones públicas, medida que, según críticos, podría escalar la tensión con los sectores sociales que han salido a las calles a protestar.
El anuncio se produce tras los disturbios registrados en California, donde miles de personas se congregaron para rechazar las recientes redadas contra migrantes indocumentados ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La respuesta de la Administración Trump ha incluido el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional, enviados para contener las protestas en ciudades como Los Ángeles y Paramount.
“A partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras durante las protestas”, advirtió Trump, quien cuestionó: “¿Qué tiene que esconder esta gente y por qué?”. Según el mandatario republicano, los disturbios han sido promovidos por “la izquierda radical” y “alborotadores pagados”, mientras acusó al gobernador Gavin Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, ambos demócratas, de inacción ante los hechos.
A pesar de las crecientes críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, Trump elogió el papel de la Guardia Nacional y afirmó que continuarán actuando “para restaurar el orden y proteger a los estadounidenses”.
Mientras tanto, los críticos de ICE han denunciado que varias detenciones se han realizado sin identificación visible por parte de los agentes, quienes portaban rostros cubiertos, lo que ha generado acusaciones de uso excesivo de fuerza y violaciones al debido proceso legal.
El ICE, por su parte, justificó estas tácticas alegando que el anonimato busca proteger a los agentes y sus familias de posibles represalias, dada la creciente impopularidad de la agencia. Sin embargo, el debate sobre el doble rasero en el uso de máscaras —permitido para autoridades, pero penalizado para manifestantes— ha reavivado las críticas a la Administración.
Respuesta del gobierno mexicano
Desde México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su profunda preocupación por los operativos migratorios recientes y emitió un enérgico llamado al respeto de los derechos humanos.
“El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Asimismo, la cancillería indicó que se han activado mecanismos de asistencia consular y asesoría legal para los connacionales detenidos. México insistió en que la migración debe ser atendida con una visión integral, humana y con corresponsabilidad regional, y se comprometió a utilizar todos los canales diplomáticos y legales disponibles para rechazar las prácticas que, afirmó, criminalizan a las comunidades migrantes.
