Redacción
México.- Un tribunal mexicano ha emitido una sentencia histórica que permitirá a los casinos del país operar bajo un esquema similar al de Las Vegas, autorizando juegos de azar como ruleta, naipes y dados, además de la expansión de máquinas tragamonedas. El fallo es inapelable y representa un duro revés para la reforma reglamentaria de noviembre de 2023 impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual había endurecido los requisitos para operar salas de apuestas.
La empresa Espectáculos Deportivos de Occidente (EDOSA), que opera los casinos Midas, Grand Toreo, Flamingo, Gran Palacio y la plataforma en línea Netabet, ganó el amparo que les permitirá ofrecer los nuevos juegos. Otras operadoras, como Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), propietaria de los casinos Paradise, Jubilee y Vivento, y Eventos Festivos de México (EFM), que opera Rocks Casino, también lograron revertir las restricciones tras obtener resoluciones favorables en tribunales.
Desde su creación en 1998 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, EDOSA ha sido una de las principales operadoras de casinos en México. Su permiso inicial otorgaba la operación de un frontón y cuatro salas, pero en 2018, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se les ampliaron 30 salas adicionales y se extendió su vigencia hasta 2034.
El tribunal respaldó el criterio del juez Martín Santos, quien argumentó que la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) permite las máquinas tragamonedas, conocidas legalmente como “máquinas de sorteos de números”. Asimismo, la resolución estableció que los juegos de azar como naipes, dados y ruleta también están permitidos, ya que el resultado depende, en mayor o menor medida, del azar y no exclusivamente de la destreza de los participantes.
Un fallo con repercusiones legales y económicas
El fallo abre la puerta a una expansión significativa de la industria de casinos en México, cuyo crecimiento había sido limitado por las reformas de la 4T. Esta decisión también pone en tela de juicio la capacidad del Gobierno para regular efectivamente el sector, especialmente ante la participación de operadores vinculados a figuras internacionales y acusaciones de vínculos con mafias extranjeras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aún no ha emitido una postura oficial respecto a la sentencia. Sin embargo, esta resolución podría reavivar el debate sobre la legalidad, la ética y los impactos sociales de la industria de juegos de azar en el país.
