México- En un esfuerzo por combatir prácticas comerciales engañosas y proteger los derechos de los estudiantes y sus familias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) firmaron un convenio de colaboración para supervisar que las instituciones educativas privadas de nivel medio superior y superior cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe) vigente.
El acuerdo, firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, responde a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado la seguridad y el derecho a la educación como prioridades de su administración.
Garantizar transparencia en las escuelas privadas
Durante el evento, Mario Delgado destacó la importancia de la educación privada en México, que abarca 6,513 escuelas de nivel medio superior, con 827,000 estudiantes, y 5,780 instituciones de nivel superior, donde estudian más de 2 millones de alumnos.
“Este convenio es clave para proteger a las familias que optan por la educación privada, asegurando que las instituciones cumplan con los estándares legales y educativos establecidos”, afirmó Delgado.
Asimismo, señaló que la colaboración con la Profeco permitirá visitas de verificación a las escuelas privadas para asegurarse de que operen conforme a las normas de la SEP. Aquellas que incurran en prácticas comerciales engañosas o incumplan disposiciones legales podrían enfrentar sanciones.
Por su parte, Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, reiteró que el organismo trabajará para prevenir abusos en el sector educativo y garantizar que los precios, productos y servicios ofrecidos cumplan con los estándares establecidos.
“Este convenio fortalece la transparencia y la confianza en la educación privada, protegiendo el derecho de los estudiantes a recibir una formación académica de calidad y con validez oficial”, subrayó Escalante.
Con este acuerdo, la SEP y la Profeco buscan evitar fraudes educativos y dar mayor certeza a los estudiantes y sus familias sobre la legalidad y validez de sus estudios en instituciones privadas del país.
