Estados Unidos-La justicia civil de Miami, Florida, ha dictado una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, obligándolos a restituir 2 mil 488 millones de dólares al gobierno mexicano por su presunta participación en una red de corrupción, contratos amañados y lavado de dinero.
La jueza Lisa Walsh emitió el fallo al considerar que ambos acusados no comparecieron ni presentaron defensa alguna ante la demanda civil interpuesta en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. El tribunal interpretó esta omisión como una admisión tácita de culpabilidad, por lo que resolvió en favor del Estado mexicano.
De acuerdo con la resolución, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra, señalada como operadora clave en el ocultamiento de fondos ilícitos, enfrenta una sanción de 1,740 millones. Los fondos provendrían de contratos inflados y sobornos en el sector de seguridad pública entre 2012 y 2018, que posteriormente fueron trasladados y ocultados en propiedades, condominios y empresas fantasma en el condado de Miami-Dade.
“El acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección… transfirieron esos fondos fuera de México con el fin de ocultarlos”, señala el documento judicial, que describe una compleja estructura de fideicomisos opacos y triangulación de recursos.
Ni García Luna —condenado en 2023 en Nueva York por vínculos con el narcotráfico— ni Pereyra respondieron la querella. De hecho, el abogado de esta última abandonó el caso, dejando sin representación a la coacusada, pese a reiteradas advertencias de la jueza sobre las consecuencias legales.
Embargos e investigación de activos
Con esta resolución, el gobierno mexicano queda facultado para confiscar bienes en Florida y otras jurisdicciones cooperantes, incluidos los pertenecientes a los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, señalados como socios de la red de corrupción, y exfuncionarios que ya han comenzado a devolver recursos.
La UIF planea presentar un inventario detallado de propiedades y cuentas bancarias como parte de la “audiencia probatoria de daños”, mientras que continúa abierta una orden de aprehensión contra Cristina Pereyra por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Aunque el proceso para recuperar la totalidad del monto reclamado será complejo, debido a la dispersión de activos en esquemas financieros opacos, este fallo representa un precedente clave en la cooperación internacional entre México y Florida para rastrear capitales ilícitos.
