México- El Senado de la República aclaró que la propuesta de Ley de Economía Digital no contempla la eliminación inmediata y generalizada del dinero en efectivo en México, sino la incorporación progresiva de medios de pago electrónicos, de acuerdo con el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera.
La aclaración se produce ante la inconformidad de diversos grupos de comerciantes en pequeño, quienes han manifestado su preocupación por las posibles obligaciones que establecería la nueva legislación para aceptar pagos digitales.
De acuerdo con el documento legislativo, el objetivo es impulsar la formalización de la economía, ampliar la inclusión financiera y modernizar las operaciones comerciales, sin desconocer las condiciones económicas y tecnológicas de los distintos sectores de la población.
El dictamen señala que el efectivo continúa siendo importante para las transacciones cotidianas, particularmente entre las personas que no cuentan con acceso suficiente a servicios financieros, dispositivos tecnológicos o conexión a internet.
Por ello, las comisiones sostienen que la adopción de medios electrónicos debe realizarse de manera gradual, con medidas de preparación tecnológica, información y capacitación para los establecimientos comerciales, especialmente los de pequeña escala.
La propuesta contempla el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnologías de comunicación de campo cercano (NFC), entre otros instrumentos reconocidos por las autoridades financieras.
Comerciantes protestan contra los pagos electrónicos
La iniciativa ha generado preocupación entre comerciantes que consideran que la transición podría representar dificultades operativas y costos adicionales para sus negocios.
La semana pasada, carniceros del Mercado de San Juan, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, bloquearon la avenida Zaragoza para protestar contra la posibilidad de que el efectivo deje de aceptarse como medio de pago. Además, en redes sociales comenzaron a circular convocatorias para organizar acciones contra la eventual obligatoriedad de las transacciones electrónicas.
Ante estas inconformidades, el dictamen destaca que las condiciones de operación de los pequeños establecimientos no son equivalentes a las de las empresas con infraestructura tecnológica consolidada. Factores como la ubicación geográfica, la conectividad y el acceso a servicios bancarios pueden dificultar la implementación de estos mecanismos.
Las comisiones también advierten que la transición debe considerar las necesidades de las comunidades históricamente excluidas, incluidas las regiones con una importante presencia de población indígena, para evitar que la digitalización profundice las desigualdades existentes.
México enfrenta rezago en el uso de pagos digitales
Entre los argumentos a favor de la propuesta, el dictamen cita el estudio “Digitalizar para crecer”, de México Evalúa, y datos relacionados con la conectividad y los servicios financieros en el país.
Según las cifras incluidas en el documento, el 86.1% de la población de seis años o más tiene acceso a internet, mientras que el 94% cuenta con conectividad de telefonía celular y el 85% de los comercios está bancarizado.
Sin embargo, únicamente el 41.4% de la población adulta realiza o recibe pagos digitales, frente al promedio de 59% registrado en América Latina y el Caribe.
Para las comisiones legislativas, estos datos muestran que el principal desafío no radica exclusivamente en la disponibilidad tecnológica, sino en lograr que un mayor número de personas y negocios adopte los medios de pago electrónicos.
El Senado plantea que la implementación gradual permitirá adaptar las nuevas disposiciones a las condiciones de cada sector económico. La propuesta busca ampliar el uso de herramientas digitales sin generar cargas desproporcionadas para los pequeños comerciantes ni excluir a quienes todavía dependen del efectivo.
El dictamen señala que el propósito de la legislación es promover la modernización de las operaciones económicas, aunque su alcance y aplicación dependerán de las disposiciones que finalmente se aprueben y de los mecanismos previstos para su implementación.
