Guanajuato– El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado a considerar una reducción temporal del 50 por ciento en la tarifa de peaje de la autopista Guanajuato–Silao, mientras concluyen los trabajos de rehabilitación que se realizan en dicha vialidad.
Al posicionarse a favor de la propuesta, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero señaló que en los últimos meses las personas usuarias de la autopista Silao–Guanajuato se han visto seriamente afectadas, ya que transitar por esta vía a cualquier hora se ha convertido en un verdadero calvario debido a las obras de modernización.
Expuso que el municipio de Guanajuato alberga oficinas de los tres Poderes del Estado, diversas secretarías estatales, dependencias federales, la máxima casa de estudios y es además un importante destino turístico, por lo que un alto número de personas depende diariamente de esta autopista para sus actividades.
El legislador cuestionó la forma en que se llevan a cabo las obras de rehabilitación y modernización, al considerar que no existió una planeación previa que protegiera la movilidad y seguridad de quienes transitan por la zona.
En el mismo sentido, el congresista Antonio Chaurand Sorzano coincidió en que continuarán alzando la voz en favor de la ciudadanía, al afirmar que la autopista se ha convertido en un abuso y en un negocio para unos cuantos, pese a las condiciones actuales.
Subrayó que quienes hoy utilizan esta vía no reciben el servicio por el que pagan, ya que la autopista permanece en rehabilitación mientras se mantiene el mismo cobro, generando cuellos de botella, filas interminables y riesgos para la integridad de las personas.
Añadió que la población se encuentra ante dos alternativas negativas: una autopista en obras y una carretera federal con baches e insegura, por lo que votar a favor del exhorto significaba asumir una responsabilidad con las familias, mientras que hacerlo en contra era, dijo, cerrar los ojos a una realidad que afecta a la población.
La obvia resolución no fue aprobada por el Pleno, por lo que el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen.
