Guanajuato- En una sesión marcada por el debate intenso, acusaciones de abuso y llamados a la responsabilidad financiera, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a 140 mil 331 millones 093 mil 736 pesos, lo que representa un incremento nominal del 9.56 por ciento respecto al año anterior y sin la creación de nuevos impuestos.
El dictamen, aprobado en lo general por mayoría con 24 votos a favor y 12 en contra, establece que la mayor parte de los recursos provendrán de participaciones federales, las cuales suman 113 mil 938 millones de pesos. No obstante, también contempla ajustes en derechos, la incorporación de nuevos conceptos de cobro y un incremento promedio del 4 por ciento en las cuotas para 2026 en comparación con 2025.
Entre los nuevos derechos se incluyen permisos provisionales, la cesión de derechos en materia de bebidas alcohólicas, regulaciones para casas de empeño y yonques, así como el cobro por la revisión y validación de la cédula de operación anual. De acuerdo con los legisladores que respaldaron el dictamen, estos cambios buscan ordenar, transparentar y fortalecer la legalidad en diversas actividades económicas.
Al hablar a favor, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta subrayó que se trata de un paquete integral con una lógica clara, cuyo objetivo es dotar al Estado de bases financieras sólidas para responder a las demandas sociales. Aclaró que, aunque el incremento en recursos federales es de más de 8 mil millones de pesos, el margen real de libre disposición para el Estado ronda apenas los 4 mil 378 millones, una vez descontadas las obligaciones legales y recursos etiquetados.
Zanella Huerta destacó que la reforma en materia de bebidas alcohólicas fortalece los mecanismos de supervisión, brinda mayor certeza jurídica y fomenta la formalidad y el emprendimiento, al establecer reglas más claras y transparentes para quienes buscan abrir o regularizar un negocio.
Sin embargo, la aprobación de la Ley de Ingresos no estuvo exenta de fuertes críticas. Desde la oposición, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor calificó el dictamen como un ataque directo a la economía de las familias guanajuatenses, al señalar incrementos en trámites básicos como actas de nacimiento, refrendo vehicular, licencias y permisos de transporte. Afirmó que se trata de aumentos mal fundamentados que trasladan el costo de la recaudación a la ciudadanía, cuando lo que se necesita es transparencia y disciplina fiscal.
En el mismo sentido, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo acusó un “abuso” y una “burla al pueblo”, al recordar que 86 de cada 100 pesos que recibe Guanajuato provienen de la federación, mientras se incrementan los costos de placas, licencias y refrendo sin reducir privilegios de la clase gobernante. Aseguró que, de eliminar gastos innecesarios, el gobierno estatal podría financiar sus proyectos sin recurrir a cobros que afectan directamente a la población.
Desde otra perspectiva, la legisladora María del Pilar Gómez Enríquez defendió la Ley de Ingresos como una respuesta responsable ante un contexto nacional adverso. Señaló que Guanajuato ha enfrentado recortes significativos en salud y seguridad, así como un trato desigual en la distribución de recursos federales, lo que obliga al Estado a fortalecer sus ingresos propios para garantizar servicios esenciales.
Durante la discusión en lo particular, diversas reservas intentaron frenar incrementos considerados excesivos, especialmente en refrendo, placas y licencias. Algunas fueron rechazadas, pero otras prosperaron, como la reducción del cobro de refrendo vehicular respecto a la propuesta original y la ampliación de exenciones en trámites del Registro Civil para personas repatriadas, víctimas de delito y población con discapacidad, reserva que fue aprobada por unanimidad.
