Guanajuato- La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Guanajuato para fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios y establecer que sea de consulta pública.
La propuesta contempla que la ciudadanía pueda acceder a la información mediante un portal oficial, en el que estarían disponibles el nombre completo y la CURP de las personas consideradas deudoras alimentarias morosas.
La legisladora señaló que actualmente Guanajuato cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios, administrado por la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías; sin embargo, consideró necesario ampliar su alcance mediante el acceso público a la información.
García Oliveros expuso que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato acumuló mil 833 investigaciones por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar entre enero y julio de 2026, cifra que colocó al estado en el primer lugar nacional.
Asimismo, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la inscripción pública en un registro de deudores alimentarios puede constituir una medida apropiada para proteger el derecho de alimentos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa también propone reducir de 90 a 60 días el periodo de incumplimiento de una pensión o ministración de alimentos necesario para que una persona pueda ser considerada deudora alimentaria.
De acuerdo con la legisladora, el ajuste permitiría agilizar los procesos para las madres, hijas e hijos afectados por el incumplimiento de esta obligación y reforzar mecanismos de corresponsabilidad.
García Oliveros sostuvo que hacer público el registro podría funcionar como una herramienta de presión social y concientización sobre la importancia de cumplir con las obligaciones alimentarias, además de contribuir a una cultura de justicia para las mujeres y las infancias.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para su estudio y dictamen.
