Redacción
El Salvador.– El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este martes en el Congreso, que controla, una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”, tras acusar a las ONG de proteger a los pandilleros.
Bukele, quien ejerce el poder en El Salvador de forma casi absoluta, endurece aún más con esta iniciativa su política de seguridad, que varios países de América Latina buscan emular, luego de que un grupo de juristas internacionales acusó a su gobierno de “crímenes de lesa humanidad”.
“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, por lo que se da por descontada su aprobación.
Bukele ha publicado varios mensajes en la red social X, en los que acusa a las ONG de convertirse en “bufetes legales de los delincuentes”, al rechazar las críticas a su modelo de seguridad, que redujo a mínimos históricos la violencia, pero que también ha sido señalado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
“Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarle paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos lleva a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones”, señaló el funcionario al justificar la iniciativa de reforma.
La pena máxima de prisión en El Salvador es de 60 años.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que los diputados debatirán de “manera inmediata” la propuesta en la plenaria que comenzó la tarde del martes.
Durante años, El Salvador fue considerado uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que alcanzaron niveles alarmantes debido a la operación de pandillas como la MS-13 y Barrio 18.
Estas organizaciones criminales controlaban territorios, extorsionaban a comerciantes y mantenían en constante temor a la población, lo que generó una crisis de seguridad que impactó profundamente la vida cotidiana y la economía del país.
Ante este panorama, el gobierno de Nayib Bukele implementó desde 2022 un régimen de excepción como parte de su estrategia de seguridad, lo que permitió detenciones masivas de presuntos pandilleros y el fortalecimiento de operativos policiales y militares.
Estas acciones han sido señaladas por el propio gobierno como clave para la reducción histórica en los índices de homicidios, lo que ha cambiado la percepción de seguridad en varias zonas del país.
Sin embargo, esta estrategia también ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles abusos, detenciones arbitrarias y falta de debido proceso.
