Michoacán- Osmar ‘N’, estudiante de 15 años acusado del asesinato de dos profesoras en una preparatoria del puerto de Lázaro Cárdenas, compareció este jueves ante un juez especializado en Morelia, Michoacán, donde enfrenta cargos por feminicidio. A petición de la defensa, su audiencia inicial fue aplazada para el próximo lunes.
Durante la sesión, programada a las 10:30 horas, la Fiscalía General del Estado presentó datos de prueba sobre lo sucedido en la preparatoria Antón Makárenko y formuló imputación por feminicidio en agravio de las docentes María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal. Además, al alumno se le atribuyen los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La defensa solicitó la duplicidad del término con el fin de ampliar el plazo para que el juez determine si lo vincula o no a proceso. El juzgador concedió la petición en apego a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que la audiencia se retomará el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas. Mientras tanto, Osmar ‘N’ permanecerá en internamiento preventivo.
De acuerdo con las investigaciones, el menor ingresó al plantel con un rifle de asalto calibre 5.56 oculto dentro de un estuche de guitarra. Las grabaciones del sistema de videovigilancia revelan que primero atacó a la coordinadora académica tras una discusión y posteriormente disparó contra la profesora Tatiana Madrigal.
El caso ha generado indignación social, especialmente luego de que se difundiera un video del adolescente posando con el arma y equipo táctico previo al ataque. Sus publicaciones en redes sociales lo vinculan con grupos radicales y misóginos conocidos como “Incel”.
En declaraciones a medios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se pronunció por una revisión del sistema penal juvenil, al señalar que adolescentes que actúan con premeditación deben enfrentar consecuencias equivalentes a las de un adulto. Adelantó que su administración prepara una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión.
Por su parte, familiares de las víctimas exigen justicia ante la legislación vigente, que establece un máximo de tres años de internamiento para menores infractores.
