Redacción
México- De enero de 2018 a noviembre de 2024, México registró 2,770 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos, según datos obtenidos a través del Sistema Nacional de Transparencia. Estos enfrentamientos han resultado en la muerte de más de 300 efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, reflejando una constante violencia que, para analistas, evidencia la presencia de una “gobernanza criminal”.
En este periodo, el Ejército Mexicano enfrentó 1,849 agresiones y perdió 272 elementos, no solo en combate directo sino también en accidentes automovilísticos y aéreos. La Secretaría de Marina registró 41 agresiones con 17 bajas, incluyendo 14 marinos fallecidos en 2022 durante un accidente aéreo tras la captura de Rafael Caro Quintero. Por su parte, la Guardia Nacional, creada en 2019, reportó 835 agresiones y 141 elementos caídos.
Para Paloma Mendoza Cortés, especialista en conflictos bélicos y profesora del ITAM, estas cifras reflejan una militarización progresiva de la seguridad pública en México. “La política gubernamental desde 1938 transformó el problema de las drogas de un tema de salud pública a uno de seguridad nacional, llevando a un protagonismo militar en decisiones de seguridad interna”, destacó.
La experta también señaló que el país enfrenta una “gobernanza criminal”, una forma de conflicto donde los cárteles actúan como Estados paralelos mediante el control territorial, político y social, diferenciándose de los conflictos armados internos tradicionales.
Organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo encabezan las operaciones criminales, según un informe reciente de la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA).
René Gerez López, investigador de Causa en Común, criticó que los enfrentamientos carecen de una estrategia nacional clara. “Son balaceras aisladas que no responden a un plan efectivo para reducir la violencia en las zonas afectadas”, afirmó.
Entre los estados más afectados por la violencia figuran Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Chiapas, donde la actividad del crimen organizado continúa desafiando a las autoridades y generando un entorno de constante inseguridad para la población.
