Redacción
Celaya.– Cerca de 150 habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo, en Celaya, llegaron hasta las instalaciones del Congreso de Guanajuato para manifestarse y pedir que las autoridades municipales de Celaya acepten las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en torno casos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de policías en contra de personas que se manifestaban.
También exigieron la revocación del alcalde Javier Mendoza y que la Junta Municipal de Agua Potable (JUMAPA) no administre el cobro de agua potable en dicha comunidad. Ante ello, el coordinador del grupo parlamentario de MORENA, David Martínez Mendizábal, presentó un punto de acuerdo para exhortar el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez para que acepte la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y le dé cumplimiento a la brevedad posible.
Fue el pasado 15 de enero del presente año en la comunidad de Rincón de Tamayo de Celaya, cuando vecinos de la comunidad fueron víctimas de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio, quienes provocaron lesiones y daños al llevarse a cabo una manifestación por la inconformidad de que la JUMAPA se hiciera cargo de los pozos y suministro de agua en la localidad.
Los afectados promovieron una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, (PRODHEG) sin embargo, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien ejerció su facultad de atracción por considerar que la gravedad de los hechos trascendía el interés del Estado de Guanajuato e incidieron en la opinión pública nacional.
La recomendación de la CNDH se desprende de los hechos en los que la policía municipal actuó de manera desproporcionada. “Se realizaron disparos, lanzaron gas lacrimógeno, se golpeó con macanas a la gente, y llegaron a meterse a domicilios particulares para agredir a las personas, además de que realizaron detenciones arbitrarias, incluidas las de personas adolescentes y una mujer embarazada”.
A fin de garantizar la reparación del daño, la CNDH estableció medidas para que se brinde atención médica, psicológica y de rehabilitación a las víctimas que lo requieran, se otorgue una compensación de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación a los derechos humanos, una disculpa pública por parte del presidente municipal, así como la impartición de un curso integral en materia de derechos humanos y procuración de justicia sobre derechos de los detenidos.
Los manifestantes que llegaron al congreso mostraron pancartas y se hicieron presentes en la sesión de la Diputación Permanente.
