Redacción
Guanajuato- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha confirmado que las oficinas regionales del Poder Judicial Federal (PJF) en Guanajuato se sumarán al paro nacional indefinido a partir de este miércoles. Esta medida, que ya se había extendido a otras regiones del país, busca frenar el proceso de reformas judiciales promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado por los magistrados y jueces como perjudicial para la calidad de la justicia en México.
En un comunicado oficial, la Jufed explicó que la suspensión de actividades jurisdiccionales es un medio para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión detener el actual proceso de reforma. “La suspensión constituye un acto pacífico y lícito, con el propósito de defender un componente esencial del Estado de Derecho”, se detalla en el documento, que subraya que la reanudación de actividades dependerá de la instalación inmediata de una mesa de diálogo con amplias facultades para alcanzar acuerdos que frenen las reformas propuestas.
📣 «NO A ESTA REFORMA JUDICIAL»
Encabezados por jueces y magistrados de distrito, decenas de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Guanajuato se unen al paro nacional indefinido en contra de la reforma al Poder Judicial que se impulsa desde la Presidencia de la… pic.twitter.com/LYLG0oOVfy
— Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) August 21, 2024
A pesar del paro, los Centros de Justicia Penal Federal seguirán atendiendo casos urgentes, como detenciones, vinculaciones a proceso, medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y determinaciones sobre extradición. Asimismo, los juzgados de distrito continuarán con diligencias vitales, incluyendo aquellas relacionadas con la protección de la salud, integridad de las personas, violencia intrafamiliar, pensiones alimenticias, y amparos.
La Jufed ha enfatizado que este paro no tiene como finalidad trastocar el servicio público de administración de justicia, sino asegurar que cualquier reforma sea el resultado de una discusión pública bien fundamentada y que enfrente las causas estructurales que afectan al sistema judicial mexicano.
Con información de Página Central
