Guanajuato- Luego de permanecer más de un mes bajo resguardo en el Centro de Control Animal (CECA), el perro conocido como Pancho fue liberado este día, poniendo fin a un proceso que estuvo marcado por la falta de claridad institucional, negativas reiteradas y señalamientos de irregularidades por parte de colectivos de protección animal.
Pancho era un perro en situación de calle, ampliamente conocido en la colonia donde habitaba por su comportamiento dócil y amistoso. Vecinas y vecinos se encargaban de alimentarlo de manera cotidiana y aseguran que nunca mostró actitudes agresivas. Sin embargo, una denuncia presentada por una persona de la colonia ante el CECA derivó en su aseguramiento, pese a las protestas de los habitantes que intentaron impedir que fuera retirado.
Desde su ingreso al centro, el caso generó preocupación entre defensores de animales, debido al riesgo de que Pancho fuera sacrificado. Colectivos como Tlacuatzín Rescue Guanajuato Capital y el Colectivo Los Nahuales alzaron la voz al señalar que, pese a existir una persona interesada en adoptarlo, el CECA se negó en repetidas ocasiones a autorizar su salida, sin ofrecer fundamentos claros ni transparentes.
Ante esta situación, las organizaciones impulsaron una campaña en redes sociales para visibilizar el caso y presionar a las autoridades municipales. Asimismo, se llevó a cabo una marcha pacífica en la ciudad de Guanajuato para exigir la liberación del perro y esclarecer los criterios aplicados por el Centro de Control Animal.
De acuerdo con información difundida por Tlacuatzín Rescue, la liberación de Pancho fue posible gracias a la intervención del secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, así como a la promoción de un juicio de amparo. Como condición final, se solicitó el pago de una multa de mil 800 pesos, correspondiente —según el CECA— a 16 días de pensión y a una infracción al Reglamento de Protección Animal, con base en el artículo 33 del municipio de Guanajuato.
No obstante, los colectivos manifestaron su inconformidad, al considerar que el cobro es improcedente. Argumentaron que no se trataba de la recuperación de un animal con propietario, sino de un trámite de adopción; que Pancho era un perro en situación de calle; y que los propios reglamentos municipales establecen que en los procesos de adopción no debe aplicarse ninguna multa.
Las organizaciones animalistas advirtieron que este caso no es aislado. Aseguraron haber documentado irregularidades reiteradas en la actuación del CECA, que van desde negativas injustificadas para la adopción de animales, retenciones prolongadas, falta de transparencia en los procedimientos y decisiones discrecionales que, a su juicio, vulneran el bienestar animal.
Aunque celebraron la liberación de Pancho, los colectivos insistieron en la necesidad de revisar y corregir las prácticas del Centro de Control Animal, a fin de garantizar procesos claros, apegados a la ley y centrados en la protección de los animales en situación de vulnerabilidad.
