Redacción
México.- La noche del miércoles 11 de junio, minutos antes de la medianoche, Juana Hilda González Lomelí abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, en Coatlán del Río, Morelos, tras cumplir más de 19 años en prisión, relacionada con el caso Wallace.
Su liberación se dio luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara un amparo definitivo, anulando su condena.
Juana Hilda salió del penal vestida con ropa deportiva, en un ambiente tranquilo y con presencia discreta de custodios y su equipo legal.
Antes de cruzar las puertas del reclusorio, un custodio le entregó la documentación oficial que certifica su libertad. Afuera, la esperaban abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes la acompañaron durante todo el proceso judicial.
Sofía de Robina Castro, abogada del IFDP, destacó la importancia del fallo de la SCJN.
“Este es un precedente fundamental. Se demostró que la condena se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y violaciones graves al debido proceso. No puede haber justicia si las sentencias se sustentan en elementos ilegales.
El proyecto de sentencia presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso irregularidades en la obtención de pruebas, como cateos y peritajes sin cadena de custodia, incluyendo un cateo realizado un año después de los hechos en un inmueble vinculado a un familiar de la denunciante Isabel Miranda Torres.
Juana Hilda viajó después a la Ciudad de México para reencontrarse con sus seres queridos tras casi dos décadas de separación.
El caso Wallace involucra a otras cinco personas que permanecen en prisión: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz.
Todos han denunciado tortura, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, acusada de estar implicada en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005, en junio de 2024 obtuvo un cambio en la medida cautelar que enfrentaba.
Fue trasladada del Centro Federal de Readaptación Social número 16 a su domicilio, donde actualmente permanece bajo arraigo domiciliario.
Según la abogada Sofía de Robina Castro, el reciente fallo de la Suprema Corte abre la posibilidad de revisar las sentencias de los demás imputados bajo los mismos criterios.
