Redacción
Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció en conferencia de prensa que un juez en Querétaro ordenó la liberación inmediata de Luis Antonio Yépez Cervantes, hijo de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. La decisión afecta también a otros dos miembros del cártel.
Rodríguez Velázquez informó que la orden se dictó anoche entre las 8 y 9 p.m., decretando la libertad de los detenidos en un plazo de 24 horas. “Estamos rastreando si existen órdenes de aprehensión pendientes”, puntualizó la secretaria, subrayando la gravedad de la situación.
La secretaria de Seguridad señaló que el gabinete de seguridad ya ha sido informado sobre este caso, que calificó de delicado, y enfatizó que seguirán investigando posibles procesos penales pendientes contra los liberados. “La instrucción del presidente es clara, agotar todo lo que esté al alcance al margen en el marco de la ley”, afirmó Rodríguez Velázquez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el caso, afirmando que la reforma al Poder Judicial es necesaria para evitar la liberación de personas vinculadas con el crimen organizado. “Se debe terminar con este asunto donde algunos jueces ordenan la liberación de personas coludidas con el crimen organizado”, dijo el mandatario.
Luis Antonio Yépez Cervantes, conocido como ‘El Monedas‘, fue detenido el pasado 7 de enero durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato. Su captura provocó bloqueos y la quema de vehículos en cinco municipios de Guanajuato, evidenciando la capacidad de respuesta violenta del cártel.
La liberación de Yépez Cervantes ha suscitado preocupación sobre la posible influencia del crimen organizado en decisiones judiciales. El gobierno continuará vigilando de cerca la situación y explorando todas las vías legales para asegurar que se haga justicia. La reforma judicial propuesta por López Obrador busca precisamente reforzar el sistema judicial para prevenir la impunidad en casos relacionados con el crimen organizado.
