Redacción
México.- La Jueza Quinta de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña, ordenó ayer a la Cámara de Diputados suspender la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial, que estaba programada para mañana. Esta medida, otorgada como parte de una suspensión provisional en el amparo 1251/2024, protege a cuatro jueces federales que promovieron la acción legal, y busca impedir que el dictamen sea discutido y votado por la nueva Legislatura.
El dictamen en cuestión propone la elección por voto popular de todos los jueces del país, incluyendo a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de los jueces y magistrados federales, en un proceso previsto para junio de 2025.
A pesar de la suspensión judicial, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, desestimó la resolución de la jueza, calificándola como inadmisible e improcedente. En un video difundido ayer, Monreal aseguró que la mayoría legislativa de Morena no acatará la orden judicial, argumentando que los jueces no tienen la competencia para suspender el proceso legislativo. “Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen”, declaró Monreal.
La suspensión provisional emitida por la Jueza Magaña sugiere que la discusión del dictamen no debería llevarse a cabo al menos hasta el 4 de septiembre, fecha en la que la jueza resolverá si la suspensión será definitiva. Sin embargo, la posibilidad de que los diputados ignoren esta orden es alta, dado el historial reciente del Congreso, que en casos anteriores ha desobedecido mandatos judiciales.
En paralelo, en el estado de Chiapas, el Juez Tercero de Amparo y Juicios Federales, Felipe Consuelo Soto, concedió ayer otra suspensión provisional en el amparo 1190/2024, que permite a las Cámaras continuar con el proceso legislativo, pero les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales para su ratificación.
La controversia entre los poderes Legislativo y Judicial plantea un escenario de confrontación que podría tener implicaciones significativas para el sistema de justicia en México, especialmente si la reforma es aprobada y promulgada sin acatar las suspensiones judiciales.
