Guanajuato- La jueza federal Reyna Rodríguez, integrante del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, denunció que más de ocho hombres armados irrumpieron el pasado fin de semana en la vivienda de su madre, en lo que diversas asociaciones han calificado como un atentado grave contra el Poder Judicial.
“Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia”, escribió la juzgadora en redes sociales, anunciando su retiro temporal del debate público debido a las amenazas. Rodríguez ha sido una de las voces más críticas hacia la reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada desde el oficialismo.
El Secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó que el incidente ocurrió el fin de semana, aunque la jueza lo reportó hasta este lunes. Elementos de la Fiscalía General del Estado ya realizaron una visita a la casa de la madre de Rodríguez para levantar la denuncia e iniciar una carpeta de investigación. El funcionario evitó ofrecer detalles sobre la ubicación exacta de los hechos, con el objetivo de proteger a la víctima y su familia.
Rodríguez contará con acompañamiento del gobierno estatal encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, según informó el Secretario de Gobierno.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras repudió el ataque y exigió una investigación a fondo. “Se trata de un atentado inadmisible que vulnera no solo la seguridad de una servidora pública y su núcleo más íntimo, sino también el principio de protección del Estado de derecho que debe garantizar la vida y la integridad de quienes imparten justicia”, señaló el organismo en un comunicado.
En el mismo tono, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó su preocupación por este caso y por el reciente asesinato del juez Everardo Maya en el Estado de México, al advertir un “clima de hostilidad creciente contra el Poder Judicial, alentado por el oficialismo y diversos actores afines al régimen”.
Ambos casos se enmarcan en un contexto de creciente tensión entre sectores del Poder Judicial y actores políticos que impulsan cambios estructurales al sistema judicial del país, generando preocupación por la seguridad de los impartidores de justicia.
