Redacción
Monterrey.– Un juez federal ordenó liberar bajo protesta a José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje” , y Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, sentenciados por su relación con el caso Casino Royale.
Ambos fueron señalados por autoridades federales como integrantes de Los Zetas y cumplen una sentencia de 15 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro. La orden corresponde a la causa penal 162/2011 y, de acuerdo con registros judiciales consultados por medios de comunicación, surtió efectos durante los últimos minutos del 4 de octubre.
Sin embargo, hasta el momento no está confirmado que ambos hayan abandonado la prisión.
El Tribunal Colegiado en Materia de Apelación fue notificado de la resolución y pidió al juzgado de origen confirmar si Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron efectivamente puestos en libertad.También solicitó informar si permanecen recluidos por alguna otra causa penal, ya que la orden de libertad se refiere únicamente al proceso 162/2011.
Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron detenidos el 4 de octubre de 2011, poco más de un mes después del ataque al Casino Royale, ocurrido en Monterrey el 25 de agosto de ese año.
La entonces Policía Federal informó sobre la detención de Loera, Montoya y Juan Antonio Meléndez Suárez, El Chore, en Monterrey y, autoridades federales señalaron a Loera como uno de los integrantes de Los Zetas relacionados con el ataque.
La causa penal 162/2011 involucró a más de una docena de integrantes de esa organización, quienes fueron procesados por delincuencia organizada y secuestro.
Dentro de ese expediente, Loera Rodríguez y Montoya Chávez recibieron una sentencia de 15 años de prisión y una multa de 370 mil 578 pesos cada uno. La condena fue por delincuencia organizada, bajo las hipótesis de delitos contra la salud y secuestro, de acuerdo con la información judicial citada por medios que tuvieron acceso a los registros del proceso.
Después del atentado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permitiera identificar, localizar y detener a los responsables.
El acuerdo de recompensa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en 2022, la Secretaría de Gobernación ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas por la responsabilidad del Estado mexicano relacionada con los hechos.
La resolución judicial partió de una figura del antiguo sistema penal, que estaba vigente cuando se inició este proceso en 2011.
La libertad bajo protesta implicaba que el sentenciado debía comprometerse a presentarse ante el tribunal cuando fuera requerido; además, podía aplicarse cuando ya se había cumplido la pena de primera instancia mientras estaba pendiente una apelación.
