Redacción
Puebla.- El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, ha explicado la demora en la detención de los siete estudiantes señalados de golpear al joven Ernesto Calderón, indicando que los abogados de los acusados han promovido amparos contra las órdenes de aprehensión emitidas en su contra.
“Estamos trabajando en su aprehensión, hemos tenido conocimiento de que sus representantes legales han promovido acciones de tipo jurídico, como amparos. Naturalmente, esto nunca impedirá, al contrario, obligará a las personas a comparecer ante la autoridad judicial”, declaró el fiscal.
La Fiscalía poblana ha solicitado la colaboración de gobiernos extranjeros y de la Interpol para localizar a los jóvenes, en caso de que hayan buscado refugio en el extranjero. Hasta la fecha de esta declaración, no se había emitido una ficha roja por parte de la policía internacional para buscar a los involucrados.
Ante las preguntas sobre por qué no se ha realizado ninguna detención hasta casi dos semanas después del incidente, el fiscal aseguró: “Lo que puedo concluir es que nadie debe dudar de que los presentaremos ante un juez”.
La agresión ocurrió el 9 de septiembre cuando Ernesto Calderón confrontó a uno de los llamados “mirreyes” por arrojar una bebida alcohólica hacia él y otros jóvenes en la zona de bares de la llamada Estrella de Puebla. En respuesta, fue atacado tumultuariamente por siete individuos, lo que lo dejó en riesgo de perder la visión en uno de sus ojos.
Los agresores fueron identificados como estudiantes de la Universidad Anáhuac y del Tecnológico de Monterrey en Puebla, provenientes del estado de Hidalgo. Ambas instituciones ya han expulsado a los agresores.
Desde el principio, se ha señalado el poder económico de las familias de los involucrados, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles intentos de protección por parte de sus padres, incluyendo la posibilidad de sacarlos del país para evitar enfrentar consecuencias legales.
En redes sociales se ha difundido información sobre las conexiones familiares de los agresores, incluyendo la afirmación de que los gemelos son hijos del propietario de una empresa proveedora de computadoras, mientras que los hermanos Jonathan y Joshua “N” son hijos de Adriana Flores Valencia, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) en Pachuca, Hidalgo, y que Pierre “N” es primo de ambos. Roberto “N” presuntamente es hijo de Ricardo Reyes Monzalvo, quien ha ocupado varios cargos en administraciones gubernamentales anteriores en Hidalgo, incluyendo el de titular del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), subsecretario de Seguridad Pública y director de la policía ministerial.
También se ha identificado a un quinto involucrado, Nagib Lases, quien se cree es hijo de un contratista de Hidalgo.
