Argentina.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en el centro de un escándalo tras haber promocionado en redes sociales la criptomoneda $LIBRA, un proyecto sin respaldo económico real que derivó en pérdidas millonarias para los inversionistas.
Aunque Milei eliminó la publicación y afirmó no tener vínculo alguno con el proyecto, el daño ya estaba hecho. Durante el breve tiempo que el mensaje estuvo visible, la demanda de $LIBRA se disparó, inflando su valor y movilizando millones de dólares antes de que su precio colapsara estrepitosamente.
Un informe de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, tras la promoción de Milei, los primeros inversores retiraron sus ganancias, obteniendo cerca de 87.4 millones de dólares. En apenas cinco horas, se borraron más de 4,400 millones de dólares en capitalización de mercado.
La investigación sostiene que hubo una posible coordinación entre la publicación de Milei y el lanzamiento del proyecto, sugiriendo que el presidente podría haber conocido de antemano el esquema detrás de $LIBRA.
Cascada de denuncias y pedido de juicio político
El escándalo ha desatado una tormenta judicial:
- Según el portal Infobae, Milei enfrenta 112 denuncias ante la Justicia, con acusaciones de fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita.
- Algunas denuncias incluyen el delito de cohecho, tras la declaración del empresario estadounidense Charles Hoskinson, quien afirmó que allegados al Gobierno argentino le solicitaron sobornos para coordinar una reunión con Milei.
En respuesta, el principal bloque opositor, Unión por la Patria (UxP), anunció que solicitará la apertura de un juicio político contra el mandatario, calificando la situación como “un escándalo sin precedentes”.
Los denunciantes pidieron a la Justicia:
- Requisar la Quinta de Olivos y la Casa Rosada para asegurar dispositivos electrónicos.
- Peritar la cuenta de Milei en la plataforma X y bloquear sus billeteras virtuales.
- Implementar medidas de trazabilidad para identificar a los beneficiarios de la presunta estafa.
A pesar del escándalo, desde el Gobierno y los partidos aliados han guardado silencio, excepto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ha salido en defensa del presidente. Bullrich afirmó que el caso es un intento por “bajar al presidente” y desestimó las acusaciones calificándolas de maniobra política.
