México- Las autoridades mexicanas investigan desde 2023 una serie de transferencias financieras por 47 millones de dólares realizadas por Nunvav Inc, empresa ligada a Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna, a Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las operaciones fueron rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil interpuesta en 2021 por el Gobierno mexicano ante una corte de Florida, con la que se busca recuperar 600 millones de dólares presuntamente desviados del erario durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 12 de junio de 2024 la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de una carta rogatoria enviada por la jueza Lisa Walsh, información sobre la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. Asimismo, el 9 de agosto del mismo año, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación sobre 35 transferencias efectuadas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016.
Las transferencias se realizaron desde una cuenta de Nunvav Inc en el Occidental Bank de Barbados, banco que concentraba parte de los recursos provenientes de 30 contratos presuntamente irregulares otorgados a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el CISEN y el OADPRS (Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social).
En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acusó a Vector de facilitar el lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, señalando también a los bancos Intercam y CIBanco como partícipes en operaciones ilícitas.
Aunque los Weinberg informaron a la UIF no tener documentos sobre las transacciones y sugirieron dirigir la solicitud a Nunvav Inc —parte acusada en la demanda civil con representación legal propia—, hasta ahora no existe evidencia en el expediente que justifique las 35 transferencias ni el destino final de los recursos una vez depositados en Vector vía Citibank.
El pasado 9 de junio, la jueza Lisa Walsh cerró el caso en Estados Unidos, luego de que la UIF y los Weinberg informaran que alcanzaron un acuerdo en México, mediante el cual los señalados se acogerán a un criterio de oportunidad y se convertirán en testigos colaboradores ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso reaviva el debate sobre la complicidad de estructuras financieras nacionales en operaciones de corrupción de alto nivel, mientras la UIF sigue en la búsqueda del paradero final del dinero público presuntamente desviado.
