Redacción
México.- Un grupo de 181 inversionistas de Banco Ahorro Famsa ha interpuesto una demanda contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la que exigen una indemnización de más de 840 millones de pesos, argumentando que la falta de intervención oportuna de la autoridad bancaria derivó en daños económicos significativos. La demanda, presentada bajo el concepto de Responsabilidad Patrimonial del Estado, será registrada este lunes, con el propósito de hacer responsables a las autoridades por la negligencia en su supervisión de la entidad financiera.
El abogado Enrique Ostos, representante del grupo, señaló que la CNBV tenía conocimiento de la situación de riesgo de Famsa desde al menos nueve meses antes de que, el 30 de junio de 2020, se le revocara su licencia para operar como banco. “De haber ejercido oportunamente sus deberes de supervisión, vigilancia y protección al público contratante, la CNBV no hubiera generado un daño patrimonial de más de 900 millones de pesos”, declaró Ostos, subrayando que, ante la falta de respuestas satisfactorias, el litigio podría trasladarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, eventualmente, al Poder Judicial de la Federación.
La demanda enfatiza que, desde septiembre de 2019, Banco Ahorro Famsa incumplía el índice de capitalización mínimo exigido, situación que, según los inversionistas, la CNBV debió supervisar y corregir de forma anticipada. Además, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) intervino en la liquidación del banco al día siguiente de la revocación de su licencia, lo que dio inicio a un proceso de recuperación que continúa en curso.
La demanda contra la CNBV ocurre en un contexto de denuncias previas, ya que los inversionistas también han señalado al consejo de administración de Famsa ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Sin embargo, el caso lleva cuatro años sin avances, según Ostos, quien denunció retrasos en la integración de la carpeta de investigación y múltiples cambios de fiscales asignados al caso.
En paralelo, un grupo adicional de inversionistas en Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal en contra de altos ejecutivos de Famsa, incluido Humberto Garza Valdez, expropietario del banco, y otros directivos. Este proceso, no obstante, fue desestimado por un juez local al considerar que no había elementos suficientes para vincular a los acusados.
Con este recurso legal, los inversionistas buscan marcar un precedente en la responsabilidad que tienen las instituciones de vigilancia financiera para proteger a los usuarios y garantizar un sistema financiero confiable y transparente.
