Guanajuato- El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para incorporar el acoso sexual como una falta administrativa grave cometida por personas servidoras públicas. La medida busca reforzar la prevención, sanción y erradicación de esta conducta dentro de las instituciones gubernamentales, así como ofrecer mecanismos más accesibles y eficaces para las víctimas.
Las reformas aprobadas establecen que se considerará acoso sexual cualquier conducta con fines sexuales o lascivos que genere asedio, desventaja, indefensión o riesgo inminente, sin importar si ocurre en uno o varios eventos ni si existe relación de subordinación. Además, se incorporan como faltas graves aquellas acciones donde una persona servidora pública cometa actos de violencia sexual, tolere o facilite conductas de acoso, o difunda imágenes, sonidos o material íntimo sin consentimiento y con propósitos eróticos.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Antonio Chaurand Sorzano destacó que la propuesta representa “un paso firme para prevenir, sancionar y eliminar” prácticas que atentan contra la dignidad de las personas. Subrayó que, por primera vez, el Estado cuenta con herramientas claras para atender con prontitud un problema social que por años fue minimizado.
El legislador añadió que elevar el acoso sexual a falta grave envía “un mensaje inequívoco de cero tolerancia” y dota a las instituciones de un marco normativo sólido que prioriza a las víctimas, ofreciendo vías administrativas más accesibles que los complejos procesos penales.
En su intervención, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que el acoso sexual es una forma de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y constituye una violación a los derechos humanos. Afirmó que tipificar esta conducta como falta administrativa grave es indispensable para construir entornos laborales seguros, éticos y libres de discriminación, además de generar un efecto disuasorio sobre quienes incurran en este tipo de agresiones.
Por su parte, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó una reserva a la fracción III del artículo 57 bis con el objetivo de precisar el lenguaje normativo. La propuesta —que fue incorporada— establece que también será falta grave “participar, directa o indirectamente, en conductas de acoso sexual, así como cualquiera de las referidas en el presente artículo”.
