Guanajuato- Guanajuato dio un paso significativo en la defensa de la niñez y adolescencia con la presentación de una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado. La diputada Edith Moreno Valencia, del grupo parlamentario de Morena, propuso reformar el Código Penal del Estado y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para tipificar este delito como agravante dentro de la trata de personas, con penas que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión.
“La explotación de la infancia no tendrá impunidad en Guanajuato”, afirmó la diputada al exponer la urgencia de reconocer explícitamente esta agravante. Recordó que la trata ya está contemplada en la legislación estatal, pero no se distingue con claridad cuando su propósito es reclutar a niñas, niños o adolescentes para actividades ilícitas relacionadas con grupos criminales.
De aprobarse, la reforma incrementaría la punibilidad de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo cuando la víctima sea una persona menor de edad reclutada para fines delictivos. Actualmente, el delito de trata contempla penas de 8 a 15 años de prisión, por lo que las sanciones se elevarían de manera considerable.
Moreno Valencia resaltó que esta propuesta complementa la presentada previamente por el diputado panista Erandi Bermúdez, con el objetivo de hacer de Guanajuato el primer estado del país en sancionar directamente el reclutamiento de menores con fines criminales.
La legisladora subrayó que esta problemática se agrava en contextos de pobreza y vulnerabilidad, donde grupos delincuenciales captan a menores para labores que van desde mensajería hasta explotación sexual. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el reclutamiento infantil en México pasó de 30 mil menores en 2015 a 460 mil en 2018, una cifra que evidencia la urgencia de una respuesta legislativa contundente.
Además de las reformas penales, la iniciativa propone ajustes a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para obligar al Estado y a los municipios a diseñar políticas públicas de prevención, detección y atención integral, con énfasis en la protección psicosocial y la reinserción sin discriminación de las víctimas.
“Visibilizar este problema permitirá crear estrategias de prevención y apoyo que garanticen un desarrollo pleno y seguro para la niñez”, concluyó Moreno Valencia.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis: las modificaciones al Código Penal a la Comisión de Justicia y las relativas a la ley de derechos de la infancia a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
