Guanajuato— En Guanajuato, operar maquinitas tragamonedas es ilegal y puede derivar en sanciones penales y económicas tanto para los responsables directos como para los dueños de los locales que las renten o permitan su instalación. La ley es clara: no solo comete delito quien administra las máquinas, sino también quien facilita su operación.
De acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, este tipo de aparatos solo puede funcionar en establecimientos con permiso federal otorgado por la Secretaría de Gobernación (Segob), es decir, en casinos autorizados. Sin embargo, la legislación estatal en Guanajuato fue más allá: desde 2017 el Congreso prohibió totalmente los casinos, centros de apuestas y minicasinos, bloqueando a los municipios la posibilidad de dar permisos de uso de suelo o licencias de funcionamiento a negocios relacionados con juegos de azar.
Las sanciones para quienes participen en estas actividades van desde un mes hasta dos años de prisión, multas que pueden alcanzar los 5,000 pesos, clausura inmediata del establecimiento, decomiso de ganancias y aseguramiento del equipo. Además, los dueños de locales que permitan la instalación de estas máquinas también son considerados responsables, al colaborar de manera activa con la operación de un delito.
Un ejemplo claro se dio en marzo de 2025, cuando un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales aseguró 52 tragamonedas en distintos comercios de León, la mayoría en tiendas de abarrotes. La clausura definitiva de los negocios implicados y la pérdida de licencias comerciales dejaron en claro el riesgo de tolerar estas prácticas.
Fuentes jurídicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana enfatizaron que “no solo es responsable quien coloca las máquinas, sino también quien cede el espacio para su funcionamiento”. Con esta postura, Guanajuato busca frenar un negocio que, además de ilegal, suele relacionarse con actividades de lavado de dinero y con la presencia del crimen organizado.
La prohibición refuerza el mensaje de tolerancia cero contra los minicasinos y maquinitas en el estado, donde más allá de la diversión que aparentan, los riesgos legales y sociales superan con creces cualquier ganancia económica.
